Finalmente, la vicepresidenta Victoria Villarruel anunció la convocatoria de una sesión especial en el Senado para abordar un asunto de gran magnitud como lo es el mega Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) firmado por el presidente Javier Milei. Este decreto, que causó mucho debate, propone una significativa desregulación económica y modifica más de 300 leyes.
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La decisión de convocar esta sesión extraordinaria llegó como respuesta a los insistentes pedidos de sesión presentados por los bloques de Unión por la Patria (UxP) y los legisladores federales del Senado. Aunque aún no se formalizó la convocatoria, se espera que esto ocurra en las próximas horas o después de una reunión de Labor Parlamentaria programada para este miércoles a las 18 horas, teniendo en cuenta las dificultades logísticas derivadas del temporal que afecta a Buenos Aires y el AMBA.
En principio, el oficialismo tiene la intención de incluir en el temario el proyecto de actualización de la legislación contra el lavado de activos, el cual cuenta con dictamen de comisión desde febrero pasado y tiene la media sanción de la Cámara de Diputados.
Además del tema del lavado de activos, se prevé que la sesión aborde otros asuntos importantes, como el retiro de pliegos, el acuerdo para diplomáticos y la autorización de entrada y salida del país del Presidente.
El Senado se encuentra ahora ante el desafío de debatir el mega Decreto de Necesidad y Urgencia, que estaba siendo analizado en el marco de la comisión bicameral de Trámite Legislativo. Aunque inicialmente se había previsto convocar a funcionarios del Ejecutivo para discutir los términos del decreto, la Vicepresidenta optó por atender el pedido de la oposición de llevar el tema directamente al recinto.
En este sentido, la decisión de la vicejefa de convocar la sesión responde a la presión ejercida por la oposición, que insistió en la necesidad de debatir el DNU en el recinto. Si bien el kirchnerismo cuenta con una mayoría en el Senado, se reconoce que el rechazo del decreto en esta instancia podría influir en la votación en Diputados, donde el oficialismo tiene una situación menos favorable.
Victoria Villarruel firmó la marcha atrás en el aumento a las dietas de los Senadores
La vicepresidenta firmó una resolución conjunta con Martín Menem para "dejar sin efecto" la suba del 30% de las dietas de los diputados y senadores.
El fin de semana pasado, el presidente de la Nación, Javier Milei, se encontró en medio de críticas debido a los aumentos de casi el 50% en los sueldos de altos cargos del Gobierno, incluido el suyo, a pesar de impulsar un plan de ajuste y austeridad. En respuesta, esta mañana, Milei confirmó que el responsable de estos aumentos fue el secretario de Trabajo, Omar Yasin, y anunció su despido.
Según Milei, en una entrevista con el periodista Antonio Laje por el canal LN+, explicó que "en enero había ordenado que no se aumentaran los sueldos de los cargos políticos". Sin embargo, después del acuerdo de paritarias, se produjo un aumento salarial adicional, debido a un decreto enviado por Cristina Kirchner que establecía que los cargos políticos no podían ganar menos que las personas que estaban debajo de ellos en la estructura.
Ante esta situación, el Jefe de Estado tomó dos medidas: en primer lugar, envió un decreto para retrotraer el aumento, es decir, se descontaría el mes siguiente, ya que seguían con la política de que el ajuste lo pagarían todos, especialmente la política. En segundo lugar, despidió al Secretario de Trabajo.
Victoria Villarruel firmó la marcha atrás en las dietas de los Senadores
En las últimas horas, luego del polémico anuncio del presidente hace algunos días de implementar un incremento del 30% en las dietas de los legisladores, la vicepresidenta Victoria Villarruel accedió, por pedido expreso de Javier Milei, a acompañar con su firma la resolución que dispone retrotraer dicho aumento.
Inicialmente, la resolución había sido firmada por el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, pero por razones políticas, Villarruel se había resistido a apoyar la decisión.
En la introducción de la resolución firmada por Villarruel y Menem, se hace referencia a la "profunda crisis que atraviesa la economía de la Argentina debido a las malas políticas de los últimos 20 años", argumentando la necesidad de una recomposición salarial para los trabajadores de diversos sectores de la economía nacional.
