Sobreseyeron a los jueces, funcionarios de la ciudad de Buenos Aires y empresarios investigados por el viaje a la estancia del ciudadano británico Joe Lewis en Lago Escondido, Bariloche, en octubre de 2022.
El encargado de dictar el sobreseimiento fue el juez federal Sebastián Ramos, quien declaró la "nulidad de todo lo actuado". Además, consideró que hubo una "actividad de seguimiento irregular" de la Policía de Seguridad Aeroportuaria.
De esta forma, los jueces Julián Daniel Ercolini, Carlos Alberto Mahiques, Pablo Yadarola, Pablo Gabriel Cayssials, el procurador porteño Juan Bautista Mahiques y el ex ministro de Seguridad porteño Marcelo D’Alessandro junto a Leonardo Bergroth, entre otros, fueron sobreseídos de la causa.
El juez advirtió que "las evidencias sobre las cuales se delineó la denuncia fueron obtenidas en violación a garantías constitucionales y apoyar en ellas una sentencia judicial compromete la buena administración de justicia".
"Las intromisiones injustificadas que formaron parte de ese accionar ilegal derivaron en la vulneración del derecho a la privacidad de quienes han sido denunciados", sostuvo Ramos.
Con la medida también fueron beneficiados Leonardo Bergroth, exintegrante del Servicio de Inteligencia del Estado (SIDE); Tomás Reinke, empresario especializado en medios y redes sociales y presidente de la firma Mediabit; y los directivos del grupo Clarín, Pablo César Casey y Jorge Rendo.
La causa había provocado la renuncia de D'Alessandro, el ministro de seguridad porteño y se originó luego de que se filtrara un video de los acusados llegando al aeropuerto de Bariloche.
En esa línea, el magistrado señaló que la información se produjo "como resultado de esa maniobra ilícita, que fue brindada públicamente por redes sociales" y ello "terminó dando lugar a notas periodísticas replicadas en diversos medios".
En relación al viaje realizado el 13 de octubre de 2022 en un avión privado por las personas investigadas y la reunión que habría sido llevada adelante en la estancia Lago Escondido, el juez explicó que "no existen indicios de la comisión de un delito ni prueba alguna que permita dar apoyatura a dicha hipótesis"
"Por el contrario, se trata de acciones que deben quedar exclusivamente reservadas al ámbito de privacidad de los individuos", concluyó.
