El Gobierno de Javier Milei, por decreto, avanzó en el desmantelamiento de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi), que busca a los niños y las niñas robadas durante la dictadura. La Conadi ya no podrá conducir investigaciones ni acceder a los archivos del Estado para contribuir con la búsqueda que las Abuelas de Plaza de Mayo llevan adelante hace 47 años.
¿Qué es la Conadi?
La Conadi es el organismo del Poder Ejecutivo que se encarga de colaborar con las Abuelas en el hallazgo de sus nietos y nietas. Como distintos entes estatales, la Conadi se fue moldeando a través de distintas gestiones gubernamentales que se comprometieron con encontrar a los chiquitos que habían sido arrancados de sus familias durante los años del terrorismo de Estado.
Se creó en 1992 para dar cumplimiento a la Convención sobre los Derechos del Niño, que reconocía el derecho a la identidad. En 2001, su existencia quedó ratificada por ley. En 2004, Néstor Kirchner firmó un decreto, el 715, a través del cual se creaba una unidad especial de investigación (UEI) dentro de la Conadi y se la facultaba a acceder a todos los archivos en poder del Estado para encontrar a los bebés apropiados.
Para ocuparse de la búsqueda, la Conadi recibe denuncias –que pueden venir de Abuelas o de personas que quieren aportar un dato que puede ayudar a encontrar a niños o niñas apropiados– y las presentaciones espontáneas de quienes dudan sobre su origen biológico. En todos estos años de existencia, la Conadi desarrolló cientos de investigaciones y accedió a miles de archivos. Funciona dentro de la órbita de la Secretaría de Derechos Humanos de un gobierno que sostiene que los crímenes de la dictadura fueron “excesos” dentro de una “guerra”.
El ataque a la memoria
Desde hace meses, el Gobierno viene gestando una embestida contra el organismo. El Ministerio de Defensa fue el primero en anunciar que no iba a mandar documentación a la Conadi. Organizaciones que defienden a condenados por lesa humanidad celebraron la decisión en redes sociales. En mayo, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se plegó a la maniobra y descalificó la labor de la Conadi, diciendo que se trataba de un organismo militante.
En junio, Florencia Zicavo, jefa de gabinete de Mariano Cúneo Libarona en el Ministerio de Justicia, redactó un proyecto de decreto para sacarle a la Conadi las facultades que tenía desde hace 20 años: las de investigar y acceder a los archivos estatales. A esa embestida, se sumó la decisión de correr a Claudia Carlotto de la dirección del organismo.
Este miércoles, el gobierno derogó el decreto 715/2004 de Kirchner y, de esa forma, cerró la UEI de la Conadi. El argumento es que el Poder Ejecutivo no puede llevar adelante investigaciones, que deberían ser conducidas por el Ministerio Público Fiscal (MPF). “No puede legitimarse que un órgano establecido por decreto desempeñe funciones que el texto constitucional y, concordantemente con éste, el legislador asigna a órganos específicos del Estado nacional en el marco del diseño institucional definido por la Ley Fundamental”, dice el decreto 727/2024.
No está claro por el momento qué pasará con las investigaciones que están en marcha, si el gobierno pretende que se archiven sin más. En tal caso, el responsable director es el secretario de Derechos Humanos de la Nación, el exjuez Alberto Baños, cultor de un perfil bajísimo.
Abuelas de Plaza de Mayo ya había denunciado que la maniobra estaba en marcha. A partir de esto, la auxiliar fiscal Ana Oberlin pidió preservar el acervo documental que produjo a lo largo de décadas la Conadi. El mes pasado, el juez federal Ernesto Kreplak dictó una medida cautelar para que el gobierno no ponga en riesgo todo lo que produjo el organismo.
La resolución del juez Kreplak se conoció el mismo día en que un grupo de diputados de La Libertad Avanza (LLA) iba al penal de Ezeiza a visitar a los genocidas que allí están presos. La excursión a la cárcel no es un hecho aislado: es parte de los esfuerzos de un sector del oficialismo por liberar a los represores que aún están detenidos y por hacer tambalear las causas por secuestros y desapariciones ocurridos durante el terrorismo de Estado.
