A través de un comunicado en redes sociales, la Universidad de Buenos Aires (UBA) rechazó la designación de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) como organismo auditor de las universidades pública y acusó al Gobierno de querer "controlar qué se enseña en la universidad".
"Sí a las auditorías, NO a la intervención del Poder Ejecutivo a las universidades públicas. Por el derecho a la educación universitaria libre, gratuita y de excelencia", se titula el texto.
El documento expresa que "la UBA es auditada y quiere seguir siéndolo. Por eso solicitó formalmente a la Auditoría General de la Nación (AGN) que la vuelva a incluir en el Plan de Auditoría 2025, así como lo hizo en el 2021, 2022 y el 2023".
"Además, ha decidido realizar una convocatoria nacional e internacional para que profesionales independientes realicen una auditoría especial sobre el sistema de control interno de la universidad, a fin de seguir brindando información indudable a la ciudadanía", indicaron.
También indicaron que "sin autonomía no hay educación libre, y solo se enseña lo que el gobierno de turno quiere, cuándo el gobierno quiere, dónde el gobierno quiere, y a quiénes el gobierno quiere".
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Según la casa de estudios, "la SIGEN no tiene competencias para auditar a las universidades nacionales" y agregaron que "depende directamente del Presidente y la Constitución sólo le otorga funciones de control interno del Poder Ejecutivo" .
"Las Universidades son autónomas y no dependen del Poder Ejecutivo Nacional. Por lo tanto, la SIGEN no tiene competencias para controlarlas, como no tiene tampoco competencias para controlar al Poder Legislativo o al Ministerio Público. Esta no es una opinión de la Universidad: es la letra de la ley", expresaron tras citar el el artículo 98 de la Ley de Administración Financiera N° 24.156 que "dice en términos indudables que la SIGEN puede controlar a "las jurisdicciones que componen el Poder Ejecutivo Nacional y los organismos descentralizados y empresas y sociedades del Estado que dependan del mismo".
Además sostuvieron que "la SIGEN no publica ninguno de sus informes ni brinda ninguna información a la ciudadanía" y continuaron: "la SIGEN no publica ningún tipo de información sobre las actividades de control que tiene que realizar sobre el Poder Ejecutivo, los Ministerios y las Secretarías de la Presidencia. En suma, su actividad no agrega nada a la transparencia pública del Estado ni a la información con que cuentan los ciudadanos".
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"Detrás de la falsa discusión sobre la rendición de cuentas hay un verdadero ataque ideológico a la idea misma de la universidad pública libre, gratuita, y masiva", explicaron.
Además indicaron que "al Poder Ejecutivo no le falta información acerca del uso que hace la Universidad de su presupuesto. Lo que el Ejecutivo quiere "controlar" es qué se enseña en la universidad, cómo se enseña y a quién se enseña. Quiere convertir a la SIGEN en su caballo de Troya para arremeter contra el corazón del sistema universitario: la libertad académica".
"Para terminar de despejar cualquier tipo de sospecha respecto a la voluntad de la UBA de someterse a todos los controles legales existentes, además de solicitar una auditoría externa independiente, la Universidad ha decidido llevar la controversia respecto a quién debe ejercer el control interno sobre las casas de altos estudios ante el Poder Judicial, único órgano que la Constitución consagra para resolver este tipo de conflictos y aplicar debidamente la ley", detallaron.
Y aseguraron que acatarán "de manera irrestricta la resolución judicial, ya que en nuestro Estado de Derecho son las y los jueces, y no los funcionarios del Poder Ejecutivo ni sus empleados, quienes deben interpretar en última instancia el sentido y alcances de la Constitución, de las Leyes de la Nación y de los derechos y libertades de las y los ciudadanos".
