Este martes, Rodolfo Aguiar, Secretario General de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), anunció que desde el gremio denunciaron penalmente al presidente Javier Milei por el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU). En su cuenta de X, el sindicalista detalló: "Desde ATE hemos decidido denunciar penalmente al Presidente Milei y a todos los involucrados en el DNU".
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“La #ley penal vigente en nuestro país castiga a todo funcionario que dicte una resolución contraria a la #Constitución y las leyes. En este caso, la conducta tanto del #Presidente como de todas aquellas personas involucradas en la redacción del DNU se encuentran encuadrados en este accionar”, precisó Aguiar.
Prosigue: “Por más que se trate del Presidente, no puede arrogarse facultades extraordinarias o pretender la suma del poder público. Eso también está penado en el artículo 248 del Código Penal”.
“No sólo estamos frente a un caso de abuso de la autoridad, sino que además el #Ejecutivo pretende arrogarse facultades propias de los otros poderes. Por eso el delito también podría ser tipificado como una usurpación de título (art. 243, inc. 3, del C.P.)”, subrayó el Secretario General del gremio.
“Luego de hacer un estudio pormenorizado con todos nuestros asesores jurídicos, y bajo el convencimiento que las medidas dispuestas por el Poder Ejecutivo que están afectando a toda la ciudadanía son ilegales, hemos decidido hacer esta presentación”, completó.
La denuncia
La denuncia quedó a cargo de Sebastián Ramos y el fiscal para este caso sería Carlos Stornelli. Según el texto, la denuncia es "contra el Presidente de la Nación, señor Javier Milei y demás funcionarios que resulten responsables por la posible comisión del delito de abuso de autoridad, del delito de usurpación de autoridad".
Posteriormente, se detalló que fueron acusados otros funcionarios del Gobierno involucrados en "el delito tipificado en el artículo 29 de la Constitución Nacional que establece la responsabilidad y la pena de infames traidores a la patria a quienes ejerciten actos que impliquen arrogarse la suma del poder público o que ubiquen al presidente en una posición de supremacía por las que la vida, el honor o las fortunas de los argentinos queden a su merced y de su gobierno".
"Nos encontramos con el Poder Ejecutivo Nacional arrogándose facultades por fuera de la Constitución que implican trastocar radicalmente y estructuralmente la economía del país, su sistema productivo, su organización social y estatal, la prestación de los servicios públicos, la organización de la sociedad civil, el comercio interno e internacional, las relaciones laborales, las relaciones de consumo, sin permitir que estos cambios sean debatidos por el órgano democrático por antonomasia que es el Congreso Nacional de forma previa a la entrada de su vigencia", aseguran los denunciantes.
Asimismo, agregaron: "La envergadura y los alcances del DNU implicarán, desde su entrada en vigencia, la modificación fundamental del estilo de vida de toda la población argentina, con flagrante menoscabo de sus principios, Republicanos, Representativos, Democráticos y su carácter Federal".
"Desde la recuperación de la democracia en el país, hace 40 años que no ha visto una concentración de poder tan mayúsculo por los que ´la vida, el honor o las fortunas de los argentinos van a quedar a merced´ de una persona, el presidente del país y su gobierno", cierra el texto.
