El gobierno nacional le comunicó a los líderes sindicales de los empleados estatales que no se concederán nuevos aumentos salariales hasta fin de año.
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Esta decisión sigue a un reciente incremento del 2% en agosto y un 1% adicional en septiembre. En paralelo, el gobierno avanza en la reglamentación del capítulo laboral de la Ley Bases, que podría limitar la homologación de paritarias en el sector privado.
Esta política fue comunicada a Rodolfo Aguiar, de ATE, y Andrés Rodríguez, de UPCN, los principales referentes sindicales del sector, según contó Clarín. La administración también planea no aprobar acuerdos salariales en el ámbito privado que excedan el 3% mensual, alineándose con la devaluación del dólar oficial, que actualmente es del 2%.
El Gobierno congelará los aumentos de sueldos estatales hasta diciembre
Luis Caputo, el ministro de Economía, impulsará esta medida con el objetivo de reducir la inflación, mientras que Julio Cordero, de la Secretaría de Trabajo, se encargará de la implementación de la normativa.
Aguiar criticó duramente la medida, calificándola como “un caramelo masticable”. Desde UPCN, se señaló que desde el inicio de la gestión de Javier Milei, los salarios en el sector público experimentaron una caída real superior al 25%.
Por otro lado, Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado, presentó a empresarios y al exministro Domingo Cavallo las nuevas disposiciones sobre despidos que estarán contempladas en la reforma laboral.
Durante una reunión en la Fundación Mediterránea con representantes de grandes laboratorios, Sturzenegger destacó que la Ley Bases introduce un “Fondo de Cese” que permitirá modificar aspectos de la Ley de Contrato de Trabajo en lo referente a despidos.
En su discurso, Sturzenegger explicó que, en la reglamentación que se espera para esta semana, los convenios colectivos podrán definir el esquema de despidos con total libertad, ya sea a través de indemnizaciones legales, fondos individuales, fondos solidarios, o seguros.
El ministro enfatizó que el gobierno no impondrá ninguna solución específica, dejando a las empresas la libertad de elegir la modalidad que consideren más adecuada.
