El ex interventor de la Administración General de Puertos (AGP) durante el macrismo, Gonzalo Mórtola, fue imputado por fraude a la administración pública tras la contratación directa de una empresa española para el diseñar los pliegos licitatorios del Puerto de Buenos Aires.
Mórtola es un ex rugbier del Club Newman muy cercano a José Torello, ex jefe de asesores de Mauricio Macri y llegó al puerto sin ninguna experiencia previa en la gestión.
El juez Marcelo Martínez de Giorgi lo citó a prestar declaración indagatoria el 23 de septiembre próximo y de ser encontrado culpable puede enfrentar una pena de 2 a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para cargos públicos.
Antes de que vencieran las concesiones de los adjudicatarios, Mórtola buscó unificar las tres terminales actuales en dos y por eso en 2016 contrató de irregular a la española INDRA para que desarrolle los pliegos de licitación del proyecto por 772 mil dólares. Según marca la ley el límite para contrataciones directas eran en ese entonces 93 mil dólares.
Además, la empresa contratada no tenía experiencia en consultoría portuaria y de hecho, la propia gestión de Mórtola le indicó a qué profesionales contratar. La Administración de Puertos también contrató a asesores especiales para ese contrato, ambos provenientes de la gestión privada, sin experiencia en gestión portuaria (sí logística).
Lo cierto es que Nicky Caputo, hermano de la vida del presidente, pujaba para que hubiera un solo concesionario para todas las terminales.
Caputo siempre negó estar detrás de la maniobra, pero lo cierto es que INDRA desarrolló otro proyecto por el que le facturó otros 168 mil dólares a Puertos.
Las sospecha va más allá de esa oscura contratación. Entre 2016 y 2018, la administración macrista fue concretando el remate del 35% de los terrenos del puerto de Buenos Aires, destinados a desarrollos inmobiliarios en las zonas de Retiro y Puerto Madero.
Los beneficiarios de la transferencia de esas tierras altamente valiosas para el negocio inmobiliario fueron las desarrolladoras Consultatio (Eduardo Constantini), TGLT Sociedad Anónima (relacionada con Nicolás Nicky Caputo) y Fideicomiso BAP (Edmond Safra, banquero vinculado a la familia Macri). La SIGEN denunció la venta de esos y otros terrenos, calculando un perjuicio superior a los 76 millones de dólares para el Estado nacional.
Este "proyecto" iba a ser complementado con la licitación para la renovación del Puerto de Buenos Aires, que no se concretó por las denuncias contra el entonces interventor y el responsable de Transporte, por presunto intento de digitar el concurso en favor de una operadora portuaria auspiciada por Nicky Caputo.
Durante su paso por la AGP Mórtola acumuló varios escándalos: con la tarjeta corporativa de la AGP pagó compras en un Apple Store y decenas de almuerzos en el restaurante La Parolaccia. Además, solamente en 2019 entre viajes y vacaciones pasó más de 200 fuera de la oficina.
