El primer candidato a concejal de Juntos en Quilmes, Ignacio Chiodo, está en el ojo de la tormenta de la justicia de Salta que investiga el robo de caños del Gasoducto NEA por formar parte del estudio que defiende a Matías Rossi, imputado por robo agravado y fraude a la administración pública en este caso. Incluso mientras formaba parte de la municipalidad quilmeña, Chiodo habilitó un lugar para que Rossi dejara los tubos que posteriormente se constataron como robados. El abogado es la mano derecha de Martiniano Molina, ex mandatario de ese municipio del sur del conurbano bonaerense.
El polémico otrora cocinero, ex intendente y ahora devenido en candidato a diputado provincial del macrismo quedó envuelto en una polémica luego de que la justicia salteña que sigue el caso del robo al gasoducto empezara a considerar a Chiodo dentro de la investigación judicial.
Como parte del estudio Chiodo y Asociados, el candidato a edil que encabeza la lista de Juntos en Quilmes quedó en el centro del escándalo por pertenecer al grupo de juristas que defiende al empresario Matías Rossi, quien está imputado por fraude a la administración pública y robo agravado en el caso de robo de caños del Gasoducto del NEA.
La polémica que envuelve al hombre de confianza de Molina se da en plena carrera hacia las elecciones del 14 de noviembre.
Según consignó la agencia de noticias NA, desde el entorno de Chiodo afirmaron que era su padre quien llevaba adelante la defensa de Rossi, pero el 24 de junio y el 29 de septiembre se vio al candidato a concejal actuando con su defendido.
La trama que investiga la Justica Federal de Salta
La causa de los tubos en el norte del país investiga la sustracción de al menos 52 caños que tienen a Rossi, titular de la empresa CoMarfil SA, como uno de los implicados. Los vínculos entre el candidato a concejal y el empresario acusado pueden encontrarse más atrás, cuando Chiodo era subsecretario de Coordinación Jurídica y Asuntos Penales de la Municipalidad de Quilmes y le dio el visto bueno a Rossi para utilizar un predio PRESOL SA donde luego aparecerían los tubos del gasoducto robados.
La justicia pone la mira en ese hecho porque se presume que los elementos robados llegaron hasta Quilmes con documentación ilícita. La justicia mantiene la postura de que Rossi no podía desconocer que estos tubos habían sido sustraídos ilegalmente ya que tenían el número de serie limados. Además, tienen el dato de que durante la intendencia de Martiniano Molina, la municipalidad quilmeña y PRESOL SA tenían un contrato de alquiler del lugar para guardar vehículos secuestrados.El abogado de la empresa era, en ese momento, Amílcar Chiodo y en los despachos de la casa de gobierno del municipio del sur del conurbano sus hijos Ignacio y Juan Manuel estaban en funciones.
Al día de hoy, Rossi cuenta con el beneficio de exención de prisión dictada después de que la fiscal Ximena Santoro solicitara su detención el 29 de marzo pasado. Para la letrada, el empresario contaba con los medios suficientes para entorpecer la investigación y fraguar pruebas.
