La memoria es algo que no le importa a este Gobierno, pero si a la sociedad, y más aún a aquellos familiares/conocidos de personas que fueron desaparecidas, asesinadas o torturadas en la Dictadura Cívico Militar que se produjo en el país entre 1976 y 1983.
Así lo demuestra en cada acto o discurso, minimizando lo que fue el exterminio de cierto pensamiento que intentó pero no pudo borrar aquello a lo que llamaron "Proceso de Reorganización Nacional".
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Este viernes, se conoció que el gobierno de Javier Milei quiere vender lugares que funcionaron como Centros Clandestinos de Detención, donde los militares tuvieron secuestrados a aquellos que pensaban distinto y que querían eliminar.
Dentro de las tierras que seleccionó para ser vendidas está un centro clandestino de detención, tortura y exterminio (CCDTyE): La Perla chica, de Córdoba. Esta decisión va a ser judicializada en las próximas horas mientras los organismos de derechos humanos salieron a denunciar un intento de vender la memoria.
La Perla chica no es el único caso de sitios de memoria en la mira de la administración de La Libertad Avanza (LLA): el exRegimiento de Infantería 9 (RI9) de Corrientes figura dentro de las futuras subastas en la web de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE).
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Memoria, ¡afuera!: el Gobierno quiere vender "La Perla Chica", lugar que funcionó como Centro Clandestino
El pasado 25 de octubre, la administración nacional publicó el decreto 950/2024, a través del cual se seleccionaban 309 terrenos a lo largo y ancho del país para ser vendidos. El argumento para tal decisión fue el de que mantener tierras ociosas genera costos y gastos, un lujo imposible para “superar la crisis que enfrenta la economía de nuestro país”.
Dentro del listado incorporado en el anexo hubo una mención que llamó la atención de organismos de derechos humanos de Córdoba: los tres terrenos que aparecían a la vera de la autopista Carlos Paz-Córdoba en la zona de Malagueño. Allí estaba ubicada La Perla chica.
La Perla es el mayor campo de concentración del interior del país. Mientras estaba en pleno funcionamiento, los represores usaban una construcción más pequeña –ubicada en el mismo predio– que se conocía como La Perla chica o La Perla Vieja. También había quienes se referían a este lugar como Malagueño o La Escuelita.
La Perla chica era, en la práctica, un anexo de La Perla, donde había personas secuestradas. En 1976 y 1977, si alguien quería entrar a La Perla debía pasar antes por La Perla chica. Los dos espacios quedaron separados en 1978 con la construcción de la autopista. Para la época del Mundial’78, La Perla chica alojó secuestrados –o rehenes de la dictadura. También hubo detenidos para cuando visitó el país la Cruz Roja Internacional y en 1979 cuando vino la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En 1984, La Perla chica fue reconocida por sobrevivientes que volvieron a la zona con la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep). Algunos de ellos relataron, por ejemplo, que recordaban los mugidos de las vacas –un sonido permanente dado que era una zona contigua a los campos de la Sociedad Rural Argentina (SRA).
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Recurso de Amparo
Tras conocerse la noticia, Julia Soulier, directora del espacio de memoria que funciona en La Perla, adelantó que van a judicializar la decisión: “Vamos a hacer un recurso de amparo. Contamos con el apoyo de la justicia federal, el Ministerio de Desarrollo Humano de la provincia –del que dependen los sitios de memoria– y con el compromiso de los organismos de derechos humanos”.
De acuerdo a lo estimado, la presentación judicial se haría en el transcurso del viernes. “Ahora transitaremos el camino judicial. No estamos preocupados; sí ocupados”, afirmó. La Red Federal de Derechos Humanos va a apoyar los planteos en los tribunales, expresó su presidente, el exsecretario de Derechos Humanos Horacio Pietragalla Corti.
Los problemas que enfrenta el Gobierno
La Perla chica está señalizada como sitio de memoria desde noviembre del año pasado. Fue una movida impulsada desde la Dirección de Sitios de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación –un área que actualmente está vacante.
Hay un problema adicional para el afán arrasador del gobierno de Milei: la justicia federal de Córdoba tiene dictadas medidas cautelares en esos terrenos, según contaron a Página 12 fuentes judiciales, ya que se siguen buscando restos de las víctimas que pasaron por esos campos de concentración.
“Cuando se quieren hacer tareas en esa zona, se debe consultar previamente al juzgado federal que interviene y esto da pie a un trámite que incluye un traslado a la fiscalía de derechos humanos y al Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF)”, explicaron. Esto implica que el terreno no puede ser alterado y, por ende, no podría ser vendido tampoco.
Desde la Red Nacional de H.I.J.O.S denunciaron que hay un intento del gobierno nacional de vender la memoria. “Rechazamos profundamente esta acción del gobierno nacional de Milei y (Victoria) Villarruel, que nuevamente niega y banaliza el terrorismo de Estado y sus crímenes”.
