Eduardo Belliboni, líder de la agrupación "Polo Obrero", fue enviado a juicio oral por defraudación con el plan Potenciar Trabajo y extorsiones a beneficiarios. La decisión fue tomada este miércoles por el juez federal Sebastián Casanello. Ya se encontraba procesado y apuntado pro presunta defraudación al Estado en el manejo de los fondos públicos y administración fraudulenta.
“La investigación ha revelado una compleja matriz delictiva que durante años se aprovechó de las necesidades de un amplio sector social de carácter vulnerable de nuestro país, lo que les permitió ejercer ilegítimamente poder sobre aquéllos con miras a manejarlos según sus designios y obtener dinero, utilizado en provecho propio y de terceros, privando a las víctimas de un mejor porvenir”, había dicho el fiscal federal Gerardo Pollicita en su dictamen en el que pidió que Belliboni vaya a juicio oral como “jefe” de esa organización.
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La justicia dispuso además que otras 17 personas sean elevadas a la instancia oral. Los delitos en cuestión son los de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, amenazas coactivas y extorsión. Estas personas habrían intervenido en los armados de las sociedades que permitieron la falsificación de facturas que fueron utilizadas para el presunto fraude.
De esta forma, junto al dirigente social del polo Obrero, también fueron enviados a juicio oral: María Dotti, Mariano Centanni, Erica Lubenfeld, Iván Ortíz, Ezequiel Coego, y Gianna Puppo, Elizabeth del Carmen Palma, Jeremías Cantero, Iván Candotti, Gustavo Vásquez, Cynthia Delgado Vilches, Dina Iramain, Brisa Paucara Choque, Elizabeth Galindo Mamani, Roberto Albornoz, Gloria Estrada y Rossmery Grande Arancibia. También serán juzgados en los tribunales.
Tras esta medida, el juez dio por cerrada la investigación y a continuación se deberá sortear el Tribunal Oral Federal de Comodoro Py que intervendrá en el caso.
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¿De qué se lo acusa a Belliboni?
Belliboni será juzgado por delitos que se habrían cometido entre junio de 2002 y marzo de 2024, cuando, según la acusación fiscal, habrían montado "una matriz delictiva para extorsionar y coaccionar" a personas con "alta vulnerabilidad social y económica".
De manera paralela, se los acusa de defraudación al Estado a raíz de presentar facturas falsas para justificar el desvío de fondos públicos destinados a esos programas, por unos 50 millones de pesos.
Los delitos por los cuales se juzgará a Belliboni son "administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública" , "amenazas coactivas" y "extorsión agravada".
La investigación se abrió a fines de 2023 cuando el gobierno de Javier Milei habilitó un número telefónico, el 134, para recibir denuncias anónimas de beneficiarios de planes sociales en relación a si eran obligados a entregar parte de lo que percibían o a concurrir a marchas o piquetes.
