Desde el 20 de marzo, la planta química de Atanor, ubicada en San Nicolás, decidió suspender a su personal por un período de tres meses debido a una medida cautelar dictada por la justicia.
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A más de cinco meses del fallo, la situación sigue sin resolverse, lo que genera incertidumbre entre los 130 trabajadores afectados y la empresa.
Frente a la falta de soluciones, Atanor planteó un programa de retiros voluntarios para algunos de sus empleados. Sin embargo, fuentes cercanas a los operarios temen que esta medida sea el preludio de un despido masivo. Hasta el 11 de agosto, los trabajadores continuaron percibiendo el 75% de sus salarios gracias a un acuerdo entre la empresa y el sindicato.
¿Posibles despidos en Atanor ante las demoras judiciales en su caso?
Un directivo de Atanor desmintió las especulaciones sobre los despidos masivos y afirmó que la situación es "de extrema urgencia". Explicó que la planta lleva parada más de cinco meses y que durante ese tiempo la empresa hizo "todo lo posible para mantener a nuestro personal", según declaró a un medio local.
El conflicto se originó a raíz de una denuncia por ecocidio presentada por una ONG, que llevó a la jueza Luciana Díaz Bancalari a dictar la medida cautelar que paralizó la actividad en la planta. La decisión incluyó la prohibición de la salida de camiones con residuos y materiales hasta que se garantizara el correcto funcionamiento de las instalaciones.
La situación se agravó tras la explosión de un tanque mezclador en la planta el mismo día de la clausura. Aunque la empresa insiste en que fue una coincidencia, algunos sostienen que este incidente precipitó la decisión judicial.
Mientras se espera una resolución definitiva, la incertidumbre continúa creciendo, tanto entre los directivos de Atanor como entre los operarios que ansían retomar sus actividades luego de meses de inactividad.
Cierra la histórica planta de Canale en San Rafael: todos sus empleados fueron despedidos
El cierre abrupto de la histórica conservera Canale en Real del Padre, San Rafael, dejó una profunda marca en el pueblo mendozino, afectando directamente a unas 30 familias que residían en el este del departamento.
Fundada en 1942 y inicialmente especializada en la producción de tomates, la planta diversificó sus operaciones hacia conservas de durazno, pimientos, dulces y mermeladas a lo largo de los años.
Tras años de altibajos y cambios de dueños, incluidos períodos bajo Dulcor y AVA SA, Canale se declaró en quiebra por primera vez en 2016 y desde allí se había podido reinventar varias veces hasta la fecha.
Despidos masivos en Canale tras la quiebra la planta
Lo que parecía ser una jornada más en la sede de San Rafael, terminó resultando en una reunión convocada inesperadamente, media hora antes del final del turno, en la cuál el personal fue informado sobre el cese de las actividades y el traslado de la planta a Ugarteche.
Minutos después de la reunión, una empresa de seguridad llegó al lugar para proceder al cierre y desmantelamiento de la fábrica. Los 22 empleados efectivos y los 16 temporarios fueron escoltados fuera de las instalaciones, mientras que el gerente, el conductor de la máquina autoelevadora y el encargado de logística permanecieron para supervisar el proceso.
El intendente fondillero, Omar Félix, expresó su malestar tras el cierre de la planta. En su cuenta oficial en X, Félix escribió: "Primer efecto de 'reactivación económica' luego de aprobar la Ley Bases, cierre definitivo de la planta fabril de Canale en Real del Padre, 38 empleados despedidos. Sin palabras." Esta declaración hizo clara referencia a la reciente aprobación de la Ley de Bases en Diputados, que había sido presentada como una medida para impulsar la reactivación económica del país.
