La Unión Tranviarios Automotor (UTA) anunció este martes que alcanzaron un acuerdo con las cámaras empresariales que representan a los colectivos de corta y media distancia, evitando así la realización de un paro.
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El convenio establece el pago de tres sumas no remunerativas de $250.000 cada una, lo que llevará el salario de un chofer en mayo a un total de $1.088.160.
Según el comunicado emitido por la UTA, el salario básico de un colectivero en mayo será de $737.000. A esta cifra se le agregarán $101.160 en concepto de viáticos, además de la suma no remunerativa de $250.000.
Este monto no remunerativo se repetirá también en los pagos de junio y julio, según lo acordado entre las partes.
En respuesta al inminente paro de colectivos que se había anunciado tras la suspensión de una audiencia entre la UTA y las cámaras empresariales, el Gobierno decidió incrementar los subsidios al transporte público en un 39% para el sistema de colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
Además, la Secretaría de Transporte informó que en abril, los ingresos provenientes de las tarifas sólo cubrieron el 30% de los costos reconocidos por el Estado para el sector. Se prevé que en mayo, esta cobertura disminuya al 24%. En comparación con el año anterior, los ingresos reconocidos para los operadores serán un 11% menores.
La Secretaría también destacó que "el seguimiento de costos que realizan las empresas refleja una brecha aún más pronunciada". En abril, se registró una diferencia de -$95,6 mil millones entre los cálculos de la Secretaría y los costos reales del sector. La tarifa del servicio de colectivos en el AMBA sigue siendo una de las más bajas de la región, manteniéndose como uno de los sistemas más subsidiados.
En paralelo, la UTA alcanzó un acuerdo que incluye aumentos salariales para enero y febrero, además de una suma fija de $390.000, según comunicó el gremio.
El Gobierno aumentó el subsidio al transporte en el AMBA
Mientras en el Área Metropolitana de Buenos Aires, el boleto cuesta unos 270 pesos, en Santa Fe la tarifa asciende a los 700 y no recibe ningún aporte por parte del Estado.
El Gobierno nocional, convalidó en las últimas horas un aumento del 39% en los subsidios que reciben las empresas de colectivos que prestan servicio en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Una decisión que apunta directamente a mantener congelada, al menos por un tiempo más, la tarifa del transporte público en la zona con mayor demanda del país y que sirve para destrabar el conflicto paritario en las negociaciones entre las cámaras y la Unión Tranviarios Automotor (UTA).
Sin embargó, esta situación no fue muy bien recibida por las provincias de interior del país, donde el Gobierno de La Libertad Avanza, en el mes de febrero directamente eliminó el Fondo Compensador para el transporte, lo que derivó en que en ciudades como Rosario, en la provincia de Santa Fe, el boleto de colectivo cueste $700.
Esta situación, según califican los distintos medios de comunicación del interior, atenta contra el federalismo y la califican como un "discriminación" hacia las provincias. Asimismo, el conflicto se da en medio del acuerdo presupuestario entre el Gobierno de Javier Milei y la Universidad de Buenos Aires (UBA), el cual contempla un incremento del 270% para sus gastos de funcionamiento, mientras que para el resto de las 60 universidades públicas de todo el país no se anunció ningún tipo de suba ni mejora presupuestaria.
Así, el pasado viernes, la Secretaría de Transporte de la Nación, dependiente del Ministerio de Economía publicó la Resolución 4/2024 en el Boletín Oficial y formalizó un nuevo recálculo de la estructura de costos en el sistema con los precios de abril y aprobó el cuadro de costos e ingresos medios de los Servicios de Transporte de Pasajeros Urbanos y Suburbanos de la Región Metropolitana de Buenos Aires.
Una decisión que tiene como objetivo que las líneas de colectivos puedan afrontar el último acuerdo salarial con la UTA en el cual se firmaron dos sumas no remunerativas de $250.000 en mayo y junio. De esta manera, el ejecutivo y la cámara buscan evitar una nueva medida de fuerza que afecte el servicio.
La UTA ya había advertido por la negociación de las paritarias: "La etapa para la discusión salarial se encuentra agotada"
La negociación salarial en el transporte se había postergado para la esta semana debido a la falta de acuerdo entre el gremio, los empresarios y el Ministerio de Trabajo.
Las conversaciones por el aumento salarial en el sector del transporte llegaron a un punto muerto, con la Unión Tranviarios Automotor (UTA) liderando demandas por mejoras en las condiciones laborales.
El secretario general del sindicato, Roberto Fernández, hizo hincapié en la necesidad de asignaciones no remunerativas y compensaciones por la inflación, así como la restitución del pago por el día de paro del 11 de abril.
"La etapa para la discusión salarial se encuentra agotada", señaló Fernández, resaltando la urgencia de abordar estas preocupaciones pendientes desde hace ya varias semanas, debido a que no logran llegar a unacuerdo entre las partes.
En el frente empresarial, representantes de diversas cámaras se reunieron con funcionarios del Ministerio de Capital Humano para tratar de encontrar una solución. Sin embargo, las posturas se mantienen distantes.
Qué es lo que demandaba la UTA ante los empresarios y el Ministerio de Trabajo
Las demandas de la UTA incluyeron la incorporación de sumas acordadas anteriormente al salario básico, junto con ajustes adicionales según el índice de precios al consumidor. Además, se exige un aumento proporcional en los viáticos y el reconocimiento de los días de capacitación como tiempo de trabajo remunerado.
En cuanto a las pérdidas sufridas durante el paro del 11 de abril, el sindicato exigió una compensación adecuada por parte de las empresas, resaltando la importancia del cumplimiento de la normativa laboral.
"La etapa para la discusión salarial se encuentra agotada. No vamos a participar de este juego en el que se nos quiere colocar en el que los trabajadores pierden", afirmó Fernández, enfatizando la necesidad de una intervención más activa por parte de las autoridades laborales.
