Por Cynthia García y Pablo Di Pierri
La filtración de chats entre jueces, fiscales, agentes de inteligencia, un ministro macrista y dos gerentes del Grupo Clarín para ponerse de acuerdo sobre cómo truchar facturas por un viaje que hicieron juntos a Lago Escondido, terrenos de los que se apropió Joe Lewis, confirma las críticas del peronismo al Poder Judicial y el Lawfare.
El 17 de octubre pasado se conoció que el juez Julián Ercolini, quien reabrió la causa Vialidad contra Cristina Kirchner, viajó junto a pares suyos como Pablo Yaradola, Carlos "Coco" Mahiques y Pablo Cayssials pero también el jefe de los fiscales porteños, Juan Bautista Mahiques, y el ministro de Justicia de la Ciudad, Marcelo D'Alessandro, por invitación de dos gerentes del Grupo Clarín: Jorge Rendo y Pablo Casey.
La bandita de amigos viajó en un vuelo privado hasta Lago Escondido y su retiro espiritual, tal el nombre que el macrismo solía darle a la congregación de sus funcionarios en lugares remotos, generó impacto pero hasta este fin de semana no se conocían mayores detalles. Lo que se sabía era lo evidente: que las corporaciones mediáticas tienen al Poder Judicial como brazo ejecutor de la persecución de los dirigentes políticos que necesita eliminar o inhibir para que el poder económico siga concentrado y la democracia no sea un obstáculo en el incremento de su tasa de ganancia.
Sin embargo, en los últimos días hackearon el teléfono celular de D'Alessandro, el ministro que responde a Horacio Rodríguez Larreta, y trascendieron sus intercambios privados para evitar que la prensa divulgue el cónclave en el sur y se tienda un manto de sospecha de corrupción sobre los jueces, los fiscales, el macrismo y Clarín.
El viaje en sí constituye un delito. Los pasajes liberados al paradisíaco rincón de Lewis tipifican como "dádivas" según la ley. Es decir, los magistrados aceptan regalos de parte de los empresarios que los condicionan en sus fallos. Y lo que es peor en esa reunión de amigos hay un ministro, un funcionario político, miembro de un gobierno cuyo principal exponente aspira a la candidatura presidencial por derecha.
Cristina Kirchner cargó contra el Poder Judicial
Por eso, la desesperación de los miembros de ese grupito que chatea frenéticamente para acordar cómo confeccionar facturas truchas, con el propósito de simular que cada uno pagó su viaje y su estadía. Para que nadie diga que fue un regalito de Héctor Magnetto, tío de Casey, el titular de Asuntos Legales de la empresa mediática que, junto a Rendo, lleva la voz cantante en ese selecto grupo denominado La Donatto contraataca. ¿A quién contraataca y de qué se defiende?, podrían ser preguntas válidas si el escándalo no fuese tan abrumador.
Es tan alevoso lo ocurrido y tan indesmentible la revelación periodística que los involucrados tratan de instalar en la opinión pública que se trata de una operación de La Cámpora y la Policía de Seguridad Aeroportuaria en su contra. Hablan de apretar periodistas y se jactan de que tal o cual canal de TV no pasará la noticia porque ya apalabraron a su dueño.
Las conversaciones tuvieron lugar entre el 17 y el 22 de octubre aproximadamente, antes que la Corte Suprema de Justicia admitiera la cautelar interpuesta por el senador Luis Juez para ocupar una banca en el Consejo de la Magistratura e impedir el nombramiento del oficialista Martín Doñate. ¿Por qué es importante este dato? Porque la conducta de estos jueces y fiscales que viajaron a la Patagonia con los gerentes de la empresa de Magnetto debería tratarse en el ese Consejo, que es el órgano político que revisa las acciones de los agentes del Poder Judicial.
En consecuencia, no debería descartarse que las maniobras de Horacio Rosatti, presidente de la Corte y del Consejo a la vez, obedezcan al blindaje que reclaman Rendo y Casey, o sea Magnetto, para proteger a los jueces que mantienen la política del peronismo encorsetada y a su líder a punto de ser condenada.
Pero la podredumbre no puede barrerse bajo la alfombra. El Poder Judicial está capturado casi de cabo a rabo por la oligarquía que lo forjó, ya en los tiempos de Bartolomé Mitre. El Poder Legislativo está empatado entre las fuerzas populares y los representantes de los partidos que expresan los intereses de los privilegiados y los inquilinos de monoambientes en centros urbanos con internet, sin aire acondicionado pero con mucho resentimiento. El poder mediático, vocería delirante del poder económico, es una jauría que desgarra a tarascones la honra de cualquiera. En tal contexto, el Poder Ejecutivo puede optar por aguantar el asedio hasta que la ferocidad de los dueños de todo se devore la democracia o empoderar al pueblo para que defienda a su gobierno.
A esta altura, el estoicismo institucionalista del Frente de Todos parece un suicidio.
