Durante la noche del lunes 1o y el martes 11 de julio, el Parlamento israelí aprobó en primera lectura un proyecto que busca eliminar la denominada ‘doctrina de razonabilidad’ por la cual el Poder Judicial puede pronunciarse sobre ciertas decisiones del Ejecutivo. La propuesta recibió 64 votos a favor, de parte de la coalición gobernante, contra 56 de la oposición.
"El espectáculo de terror de anoche en la Knesset (Parlamento) sirvió como un claro recordatorio del momento crítico en el que nos encontramos. Frente a una coalición dictatorial, solo el pueblo puede rescatar a Israel", señaló la oposición en un comunicado citado por AFP. El mismo incluyó una convocatoria ciudadana para "salvaguardar la democracia israelí" y sumarse a las manifestaciones.
El rechazo a la medida fue multitudinario durante las primeras horas del día, extendiéndose a diferentes localidades del Estado, con epicentro Tel Aviv. Se realizaron bloqueos en sitios estratégicos como rutas clave o el Aeropuerto Internacional Ben Gurion. La Policía montó un amplio despliegue de “contención” y, en las últimas horas, informó sobre 66 detenciones, la mitad en la capital.
El proyecto de ley debe atravesar una segunda y tercera instancia para que quede completamente aprobado, por lo que se espera que las manifestaciones continúen.
Las protestas habían menguado durante los últimos meses, tras la “pausa” anunciada por Netanyahu con el fin de consensuar con la oposición algunos puntos de la reforma judicial. El primer ministro se vio obligado a suspender el proyecto en marzo pasado debido a las masivas manifestaciones y huelgas convocadas por un variado abanico de organizaciones políticas y sindicales, a lo que se agregó un amplio repudio internacional, inclusive de parte de uno de sus históricos aliados: Estados Unidos.
Pero a fines de junio, los máximos referentes de la oposición, el ex primer ministro Yair Lapid y Benny Gantz, decidieron retirarse de la mesa de negociación sin avance alguno.
Los críticos de la reforma plantean que esta promueve una excesiva concentración de poder por parte del Ejecutivo, en desmedro del Poder Judicial, lo que además es visto como un atentado contra los principios democráticos. Además se considera como un artilugio de parte de Netanyahu para escabullirse de las numerosas causas de corrupción que la Justicia tramita en su contra.
