Volvió al centro de la escena el debate sobre márgenes empresarios, después de una nueva oleada de escalada inflacionaria y pérdida de poder adquisitivo de los salarios. La insatisfacción con la situación económica es generalizada, en el contexto de un Gobierno que nunca le encontró la vuelta al combate contra la inflación, incluso habiendo abordado el problema con diferentes estrategias. Llegado este punto el desánimo es generalizado, y prima el escepticismo sobre la posibilidad de romper la dinámica de precios ascendente. Aún a pesar de los incipientes resultados que obtuvo el nuevo equipo económico, la inflación sigue descontrolada.
Te puede interesar
El disparador del debate sobre márgenes fue el mensaje de Cristina Kirchner, frente al dato de caída de la pobreza con aumento de la indigencia. La vicePresidenta ponderó los esfuerzos del Ministerio de Economía, pero pidió una intervención “más precisa y efectiva” en el sector de alimentos. También caracterizó al aumento de precios actual como propio de un problema de oferta en vez de demanda, además de pedir un instrumento que refuerce la seguridad alimentaria. Después de la exPresidenta se sucedieron comentarios del Gobernador Axel Kicillof, de la vocera presidencial Gabriela Cerruti, del Secretario de Industria José De Mendiguren y hasta del viceMinistro de Economía Gabriel Rubinstein, aunque su mensaje fue difuso y más propio del diagnóstico de un analista que de un funcionario.
Indagar sobre los márgenes empresarios es una tarea siempre compleja a nivel técnico, porque la información no abunda. Una primera estadística relevante es la cuenta generación del ingreso que elabora el INDEC, y muestra su distribución por sectores. Según este indicador, el excedente de explotación bruto (la ganancia empresaria) se quedó con el 47,8% de la torta en el primer trimestre de este año. Esto representa 1,1 puntos porcentuales más que el año pasado, 3,8 puntos porcentuales más que en 2019 y 5,6 puntos porcentuales más que en 2016. El sector empresario ganó participación en la renta total, a expensas de los ingresos de los asalariados y cuentapropistas. En el análisis por segmento de actividad, son el sector de hotelería (+15,6 pp), el sector agro (9,4 pp) y el sector comercio (+8,3 pp) los que muestran mayores aumentos para el acumulado de los últimos seis años. En el 70% de los segmentos empresarios aumentó el margen de rentabilidad.
De fondo en este debate siempre está gravitando la valoración sobre la distribución de la renta en una Sociedad y cuánto tiene que intervenir el Estado para equilibrar la puja entre empresarios y trabajadores. No parece dominar en el oficialismo una demonización sobre las ganancias que generan los propietarios del capital, pero sí una crítica de que el proceso de recomposición de márgenes se produzca de manera desordenada. Un Gobierno tendría un rol esencial para mejorar la coordinación y evitar que se trunque un proceso de recuperación de la actividad, dado el daño que causa una carrera precios-salarios desordenada. Lamentablemente esta administración no ha logrado buenos resultados en la conducción de ese proceso. De hecho, en estos tres años se amagó reiteradas veces con convocatorias a consensos económicos y sociales amplios, además de haber implementado acuerdos de precios esporádicos, siempre con escasa cobertura. En toda oportunidad que esta gestión perdió para liderar con efectividad el proceso de coordinación con el sector privado, el Gobierno fue desperdiciando tiempo y credibilidad.
Un diagnóstico recurrente cada vez que se recalientan los precios es la falta de controles de los ‘abusos’ por parte de las empresas que incumplen los programas básicos, como el voluntario Precios Cuidados, e incluso una imputación directa a las empresas por cierta caracterización de codicia sin límite. Hay también objeciones sobre la Secretaría de Comercio, y su baja efectividad para controlar. Paradójicamente esta fue una de las áreas de Gobierno con más recambio en esta gestión. Pasaron por ese sillón ya cinco nombres, con diferentes perfiles, distintos niveles de validación interna, pero en todos los casos la trayectoria de precios siguió creciendo. En este punto parece evidente que las capacidades de un administrador del comercio interior para reducir la volatilidad de precios son muy bajas, en un contexto tan delicado. El origen macroeconómico del problema inflacionario es insoslayable, tanto como que la Sociedad ya no está dispuesta a esperar los tiempos del ordenamiento gradual, habiendo pasado tantos años donde fracasaron recetas variadas y la dinámica fue siempre al alza.
El gran interrogante de cara a los próximos meses es si el Ejecutivo podrá influir para ordenar mínimamente la puja distributiva o si no queda espacio para sentarse con el gran empresariado productor de alimentos y demás productos básicos, porque ya no hay hilo en el carretel para que un acuerdo ‘de caballero’ sea cumplido.
El diálogo con el sector privado no debería darse solo en base a una premisa voluntarista que apele a una vocación filantrópica. El sector empresario hoy hace frente a una demanda que no está deprimida y eso es fruto de que los niveles de actividad son aceptables y el empleo ha crecido significativamente. La alternativa de cualquier Gobierno para disciplinar un régimen de súper inflación es a través de un Plan de Estabilización de shock. Dependiente la forma de implementación, eso podría implicar un parate fuerte sobre la producción. Las empresas también saldrían dañadas de un proceso de normalización inflacionaria “por la fuerza” donde se termine matando a la gallina de los huevos de oro. Clarificar estos riesgos es necesario y evita la simplificación de plantear que una vez resuelto el problema inflacionario se terminan todos los problemas macro y sociales. En todos los escenarios vienen años complicados y ningún sector va a recuperar lo perdido después de una crisis tan severa con solo un chasquido de dedos…
