El primer bimestre del 2023 empezó muy inestable en el plano financiero. Los precios de los bonos soberanos empezaron a recortar a tono con un escenario global no tan ameno para los países emergentes, por la expectativa de una extensión del entorno de tasas de interés altas. El riesgo país de Argentina volvió a superar los 2.100 puntos básicos y la brecha cambiaria se mantiene elevada, a pesar que las cotizaciones paralelas parecen haber encontrado un techo de corto plazo. La política cambiaria oficial mantiene el “Plan Aguantar”, que implica actualizar el dólar oficial conforme a inflación. Dejar de usar el tipo de cambio como ancla evitó una disparada de la brecha, que igualmente se mantiene alta gravitando entre el 70% y el 90%.
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A pesar de la acumulación de reservas de fines del año pasado tras la segunda etapa del Dólar Soja, la macroeconomía sigue débil por no lograr un superávit externo consistente. Las razones se encuentran en la elevada dependencia de importaciones para sostener el nivel del PBI, la estacionalidad disfuncional del flujo de exportaciones y las distorsiones del desdoblamiento cambiario de hecho. Las reservas de libre disponibilidad cayeron casi U$S 1.000 millones en lo que va de 2023, porque todos quieren comprarle al Banco Central, pero nadie quiere venderle.
Tras cartón llegó la sequía y lo cambió todo. Las proyecciones preliminares de Agricultura y las cámaras compensadoras del mercado de granos marcan un detrimento del orden de los U$S 12.000 millones, por todo concepto. Sobre trigo y maíz implica una reducción de los saldos exportables, además del impacto sobre los precios internos. En soja el daño aún es difuso, pero sin dudas la cosecha gruesa llegará con menor disponibilidad para abastecer a la industria de transformación. Los precios internacionales siguen altos, pero no compensan el efecto de las menores cantidades por el factor climático. El segmento de energéticos recortó 40% promedio desde máximos, mientras que los commodities agrarios bajaron alrededor del 20%. El momentáneo impasse en la escalada bélica entre Rusia y Ucrania, la tensa calma entre EEUU y China, junto con indicadores de actividad global que empiezan a mostrar una reversión alcista, hacen pensar que los precios pueden haber encontrado una zona de estabilización en el corto plazo. En cualquier caso, las autoridades económicas este año se curaron en salud y cerraron por anticipado la compra de barcos de GNL, con un ahorro esperado de U$S 2.100 millones.
Otro aspecto complejo para los próximos meses se vincula a la deuda comercial. A mitad del 2022 el Banco Central decidió diferir pagos exigiendo a las empresas que financien parcialmente sus operaciones de importaciones. Mientras que se logró construir un puente de emergencia en un contexto de reservas casi nulas, el hecho de patear para delante los pagos tiene un límite toda vez que llega el momento de entregar los dólares. En números, la deuda comercial aumentó un 40,5% (+U$S 15.000 millones) entre el tercer trimestre de 2021 y el mismo período de 2022. Se explica por una suba excepcional de la deuda relativa a prefinanciamiento de exportaciones (+63,7% o U$S 4.142 millones) y un aumento sensible en el mencionado financiamiento de importaciones (+40% o U$S 8.888 millones). Esta estrategia de comprar tiempo hoy se vuelve como un búmeran que el Gobierno deberá controlar. Sin mucho margen para pedalear nuevamente los pagos, es factible que se equilibre limitando todavía más la autorización de las compras en cash a través del sistema SIRA.
En 2022 se registró un saldo positivo de dólares por casi U$S 4.800 millones en concepto de bienes. Se trató de un segundo semestre con mayor liquidación de granos, tras una primera parte del año con fuerte retención por parte de los productores fruto de las distorsiones de la brecha cambiaria. El resultado positivo en mercancías fue más que compensado por el rojo en el rubro servicios, que escaló a más de U$S 10.000 millones. En este bloque se destacan egresos por fletes superiores a los U$S 4.000 millones y un desbalance de U$S 6.800 millones en la cuenta viajes, que incluye aéreo y paquetes, turoperadores y otros pagos con tarjetas al exterior. La magnitud de esta cuenta determinó la implementación del Dólar Tarjeta, con un 25% de recargo a cuenta del impuesto a los Bienes Personales. La decisión de encarecer las compras en el exterior llegó tarde y parece mostrar una efectividad acotada. Después de dos años completos de apreciación significativa de todos los dólares, incluso los paralelos más altos empiezan a ser percibidos como “no tan caros”.
Las alternativas para salir del laberinto son dos: resignarse a un menor nivel de producción que ralentice la demanda de insumos y bienes intermedios importados, o empezar a allanar el terreno para una revisión de la pauta de acumulación de reservas fijada para este año en U$S 4.800 millones por medio del acuerdo EFF 2022 con el FMI. Negociar un waiver con el organismo podría evitar un incumplimiento traumático, sin resignar puntos de crecimiento. La razón objetiva para validar un corrimiento del target de reservas es evidente: un shock exógeno imprevisible y mensurable, como es la sequía. Claro que una eventual dispensa no sería inocua en términos de expectativas: podría generar un nuevo aumento del riesgo país, dada la menor capacidad de pago esperada de la deuda. Al fin y al cabo tanto los desembolsos para el FMI como los vencimientos con los privados saldrán de la misma caja desde el año 2026. Con todo, el mes próximo será crítico en esta definición, que también determinará el timing para convalidar la próxima etapa del Dólar Soja. La manta sigue siendo muy corta y Massa tendrá que definir el mal menor. No solo atendiendo a un criterio de sostenibilidad macro, si no también mirando de reojo el pulso de la política…
