Este lunes, el ministro de Economía, Luis Caputo, dio a conocer un alivio fiscal para pymes, al rebajar la tasa de financiación de los planes de facilidades de pago permanente. La AFIP lo estableció a través de la Resolución General 5481/24 que fue publicada este lunes.
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En este sentido, según lo anunció a través de sus redes sociales el ministro de Economía: "Con el objetivo de proteger el trabajo de las pequeñas y medianas empresas, la AFIP estableció a través de la Resolución General 5481/24 suscripta en el día de la fecha la rebaja de la tasa de financiación de los planes permanentes".
"A partir del mes de febrero para aquellas micro y pequeñas empresas el interés se reducirá a 7,63% y para las medianas a 9,16%", confirmó el titular del Palacio de Hacienda este lunes.
"Nuestra intención es que a futuro la AFIP deje de financiar estos planes, pero entendemos que la transición hacia un país donde la pymes puedan acceder más fácilmente a créditos bancarios tomará algún tiempo", sostuvo este lunes Luis Caputo.
Secretaría de Comercio eliminó 69 normas para desburocratizar la economía
Este lunes, la Secretaría de Comercio informó que se eliminaron 69 normas que "obstaculizaban las relaciones comerciales en el mercado interno y promovían un rol intervencionista del Estado". Vale aclarar que se derogaron normativas que permitían controles de precios.
Al respecto, desde el Gobierno explicaron que esta medida "disminuye la burocracia administrativa y se estimula la competencia en beneficio de los consumidores".
Entre las normas derogadas se encuentran las complementarias a Ley de Góndolas y de Abastecimiento, que fueron eliminadas con el DNU de Javier Milei, que establecían su supervisión y cumplimiento. A su vez, regímenes informativos de precios máximos, Precios Cuidados, y la derogación de toda norma complementaria del programa Precios Justos, programa que había finalizado el 8 de diciembre pasado.
Además, se suprimieron normas vinculadas a la intervención en el proceso de información de cuotas de colegios y universidades de gestión privada, la obligación a frigoríficos de informar semanalmente sus precios y cantidad vendidas, y un régimen de tratamiento de sobreendeudamiento de los consumidores el cual “violaba aspectos básicos de la Constitución Nacional de acuerdo en lo que establece el artículo 42, de usuarios y consumidores”, informaron desde la Secretaría.
