El brutal ajuste del Gobierno hizo que la economía del país tambaleara y muchos sectores no pueden volver a remontar su actividad, pese a que desde la administración nacional hablen de un "rebote". Uno de los sectores más golpeados por las medidas fueron las pymes.
Sucede que el Gobierno de Javier Milei dejó de pagar programas de apoyo al menos a 370 pequeñas y medianas empresas que concursaron y obtuvieron fondos para desarrollar proyectos específicos. Se trata de iniciativas gestadas en la administración anterior pero que contaron con cinco firmas, el aval de un comité de evaluadores y de funcionarios técnicos que hoy continúan en el equipo económico.
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De acuerdo a lo informado, estiman que solo en la subsecretaría PyME se adeudan más de $20.000 millones a valores de 2023. Esto agudiza mucho mas la situación en el sector que hoy compite con las empresas adheridas al RIGI, a las cuales el Gobierno cuida y beneficia mucho más.
Pese a que el Gobierno dice no incumplir contratos, un informe de Ámbito pudo corroborar que desde finales del año pasado el Estado acumula deudas con más de 300 empresas que concursaron para obtener Aportes No Reembolsables en el marco del Programa Potencia Pymex, una inciativa que buscaba impulsar proyectos de exportación.
“No se ha firmado absolutamente nada más. No se ha sacado ningún pago y parece que no hay intención de hacerlo, en el Fondep hace tiempo que está todo parado”, reveló una fuente al tanto del movimiento de los expedientes del ex Ministerio de Desarrollo Productivo.
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Incertidumbre en las empresas por la continuidad del pago del programa
Las empresas pymes se encuentran en un momento de plena incertidumbre por la quita de estos programas. En muchos casos recibieron cerca del 40% de los fondos comprometidos durante la gestión anterior pero ahora no tienen certezas sobre el resto de los vencimientos que caían en este período. Algunas, a la espera de que se produzcan los desembolsos, continúan pagando seguros de caución que les representa una pérdida en medio de un contexto adverso para la industria.
A pesar de que estos fondos fueron aprobados y otorgados por la gestión anterior, no pueden cortarse así como si nada. Los mismos pasaron por un comité de evaluadores, contaron con varias firmas de distintos despachos y fueron avalados por funcionarios técnicos que hoy continúan trabajando en el equipo económico. El pago de estos aportes no es opcional, es un compromiso del Estado.
“Es normal y habitual que cuando hay un cambio de gestión se demoren los desembolsos porque lógicamente las administraciones nuevas quieren revisar lo que hicieron las anteriores. Lo que está ocurriendo ahora, no había pasado nunca”, apuntó un consultor con experiencia en la materia.
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¿Cuántas empresas están siendo perjudicadas?
Según los expedientes firmados en el año 2023, hay más de 300 empresas perjudicadas. Los sectores son de lo más variado: metalúrgicas, autopartistas, biotecnología, firmas vitivinícolas, textiles, agro, plásticos, cosméticos, entre otros. La cifra adeudada superaría los $20.000 millones a valores del año pasado. Aunque una fuente con despacho en el Ministerio de Economía reconoció que también hay deudas con instituciones como cámaras empresariales y universidades.
Los programas de apoyo a empresas no son una novedad. La Secretaría PyME llevó adelante concursos similares, con auditorías internas y externas hasta el momento no se dio a conocer ningún tipo de irregularidad.
