Durante el año pasado, un vecino que hacía fila para cobrar el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) notó que en la misma cola había un concejal (a quien claramente no le correspondía el beneficio) de Campo Quijano, una localidad de Salta ubicadas en las afueras de la capital provincial.
La información comenzó a recorrer rápidamente los medios locales y el fiscal Ricardo Toranzos inició una investigación de oficio. Sin embargo, el caso del concejal no fue el único: 52 legisladores de todos los partidos políticos, 10 funcionarios del municipio y tres gerentes del PAMI se habían inscripto para cobrar el IFE cuando no debían.
Algunos de los mal inscriptos llegaron a cobrar dos cuotas del ingreso y acordaron con la justicia para reparar el daño: Iran a juicio oral y dos gerentes del PAMI fueron condenados a penas de tres años de prisión.
Por otro lado, entre los demás deberán devolver aproximadamente $1.400.000, hacer tareas comunitarias y no podrán presentarse a elecciones, penalidad que solamente regirá para las próximas dos que se realicen en nuestro país.
