Los procesamientos de Jonathan Morel y otros tres integrantes de Revolución Federal (RF) serán revisados por la Cámara Federal porteña a pedido del juez Marcelo Martínez de Giorgi. La audiencia fue programada para el próximo 23 de noviembre.
De Giorgi insiste en que los implicados formaron parte de una asociación ilícita y consideró que “hay pruebas para considerar que buscaron imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor”, argumentó.
Se trata de los fallos sin prisión preventiva dictados para el líder del grupo de ultraderecha, Sabrina Basile, Leonardo Sosa y Gastón Guerra, quienes fueron liberados por María Eugenia Capuchetti tras ser indagados hace un par de semanas.
Sin embargo, el juez federal los procesó al considerar que actuaron por fuera de la ley y que las protestas violentas que realizaron no están dentro de la protección de los derechos de protesta y libre expresión, sino que fueron aún más allá.
“Generar daños en el vehículo en que se transportaba un ministro, amenazar de muerte a una funcionaria de la actual gestión de Gobierno, obstaculizar la realización de actos gubernamentales”, fueron algunos de los actos que señaló De Giorgi que están por fuera de ese derecho.
Dichos procesamientos fueron apelados por las defensas de los cuatro imputados y ahora la Sala 1 del Tribunal de Apelaciones deberá revisar los pedidos de los abogados de RF. Los jueces que actuarán son Pablo Bertuzzi, Mariano Llorens y Leopoldo Bruglia, todos relacionados al expresidente Mauricio Macri.
Los cuatro acusados fueron excarcelados por los mismos magistrados y viven su vida libremente. Incluso Morel se paseó por los medios de comunicación, en donde intentó desligarse del caso y le echó la culpa al gobierno de Alberto Fernández y a la vicepresidenta Cristina Kirchner.
Por su parte, la querella de CFK presentó un recurso contra la liberación de Morel, el líder de RF, para que continúe siendo investigado luego de la aparición de audios y mensajes que lo incriminan en el planeamiento de actos violentos contra la funcionaria pública.
Piden recusar a la jueza María Eugenia Capuchetti
La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner publicó un video en sus redes sociales donde explica con detalle las secuencias de su intento de asesinato y las conexiones que tuvo el hecho con el diputado nacional de Juntos por el Cambio, Gerardo Milman. En el mismo tweet, confirmó que instruyó a sus abogados para recusar a María Eugenia Capuchetti, jueza que lleva adelante el caso del atentado más grande desde la vuelta de la democracia a la Argentina, y que se dio tras una sucesión de acciones violentas contra la vicepresidenta.
En el video narrado por la periodista Julia Mengolini se le recrimina a la jueza a cargo de investigar el caso, que no profundizó cuando dos días antes del atentado a Cristina, un testigo aportó a la causa haber escuchado Milman, acompañado de sus dos asesoras, decir: "Cuando la maten, yo voy a estar camino a la costa". Judicialmente se constató que la información del aportante de la prueba era verídica.
Cuando las asesoras del diputado de Juntos por el Cambio declararon en la causa, en una primera instancia negaron todo. Pero luego les mostraron las imágenes de ambas entrando y saliendo del bar a la hora exacta que el testigo había afirmado. Después de ver las imágenes, admitieron que la reunión había existido. Pese a que primeramente las dos mintieron, la Jueza Capuchetti se negó a seguir investigando.
También el video explica la conexión de una de las asesoras, Carolina Gómez Mónaco, que posee una empresa junto a una socia, María Mroue, panelista de un programa de Crónica TV donde aparecieron reiteradas veces en móviles Brenda Uliarte y Fernando Sabag Montiel, cuando aún eran completos desconocidos y no habían cometido el intento de asesinato a Cristina Fernández de Kirchner.
