El Grupo Clarín obtuvo una nueva medida cautelar que le permitirá seguir aumentando las tarifas de internet, cable y celular indefinidamente por seis meses más. La definición está frenada desde hace más de 18 meses y Héctor Magnetto podrá seguir generando ganancias extraordinarias.
El caso está en la Corte Suprema de Justicia “cajoneado” desde hace 15 meses y el tribunal solo movió el expediente hace unos días para habilitar la intervención de Carlos Rosenkrantz en la causa, ex abogado confeso de Clarín, según reveló una investigación del medio El Destape.
La discusión es por el decreto que el presidente Alberto Fernández estableció durante la pandemia y que declara que las telecomunicaciones son un “servicio público, esencial y estratégico en competencia”, por lo que sus precios serán regulados por el Estado.
A pesar de ello, el Grupo Clarín judicializó el decreto y desde entonces tiene la potestad de aumentar sus tarifas de forma ilimitada, lo que podrá seguir haciendo por otros seis meses más.
Fernández aseguró lo de la Corte se trata de “complicidad judicial con el poder económico real” al referirse a que no resuelve la medida cautelar que habilita a Magnetto y sus socios a no cumplir con el Decreto 690 publicado el 21 de agosto de 2020.
A medida que el plazo se extiende el multimedios sigue ganando dinero en cifras exorbitantes. Hace unas semanas repartió cerca de 397 millones de dólares en dividendos del grupo accionista entre 2020 y 2021, en plena pandemia de coronavirus y con el decreto vigente.
La Corte avaló que Rosenkrantz intervenga en la causa por las tarifas del Grupo Clarín
La Corte Suprema de Justicia avaló que el juez Carlos Rosenkrantz intervenga en una causa que involucra al Grupo Clarín, su ex cliente, según reveló una investigación de El Destape. Los magistrados Horario Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti se aseguraron que así fuese.
De esta forma, Rosenkrantz podrá favorecer al Grupo Clarín en la causa donde se discute si pueden aumentar indefinidamente las tarifas de internet, cable y telefonía, a pesar de que es ilegal. ¿Y por qué lo es? Porque el juez fue abogado de la sociedad comercial que comanda Héctor Magnetto y no podría –o no debería– involucrarse.
“La Corte Suprema eligió una vez más con el diario Clarín sobre sus escritorio y la Constitución en un cajón”, expresó al respecto el periodista y politólogo Ari Lijalad.
El objetivo es muy claro: beneficiar las ganancias extraordinarias de Telecom y Cablevisión Holding, firmas gestoras de Cablevisión, Fibertel y Personal –cable, internet y telefonía, como se dijo anteriormente–, a través de la cuales se han repartido más de 400 millones de dólares en los últimos tres años, reveló la investigación.
A su vez, no es la primera vez que Carlos Rosenkrantz interviene a favor de un cliente suyo: ya lo habría hecho otras 25 veces y esta sería la número 26. Al igual que en los otros casos, se lo habilitó a pesar de la ilegalidad en la que incurre.
¿Qué se discute? La implementación del Decreto 690 que el presidente Alberto Fernández hizo efectivo en agosto de 2020, en plena pandemia. El decreto dice que los servicios de telecomunicaciones son “servicios públicos, esenciales y estratégicos” y sus precios serán regulados por el Estado para evitar aumentos y que la población pueda acceder en tiempos de virtualidad.
