Según el informe presentado recientemente por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), en colaboración con el Conicet y la Universidad Nacional de San Martín, revelaron una situación de precariedad económica y habitacional en inqulinos que viven en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
Los datos, surgen de una encuesta realizada sobre la situación de los hogares inquilinos de la Ciudad de Buenos Aires y los partidos del Gran Buenos Aires. Las conclusiones revelan una situación de precariedad económica y habitacional, que se profundiza en el caso de los hogares sostenidos por mujeres.
“El 63% de los hogares admite estar endeudado con familiares o particulares y la mayor parte de esa deuda es utilizada para pagar el alquiler. Los hogares cuyo principal sostén son mujeres están más endeudados en general, y en particular con familiares y amigos” explican en el informe.
La encuesta, revela que el 61 por ciento de las personas que tomaron deuda, utilizaron el dinero especialmente para afrontar los gastos de vivienda, en especifico el alquiler y que más del 63% de los inquilinos, están endeudados con familiares, con el sistema financiero o prestamistas privados.
“El mercado de alquileres de residencia permanente funciona de tal manera que ofrece soluciones habitacionales cada vez más precarias” ,especificaron los especialistas, y argumentaron que ,“el 35% de las personas inquilinas respondió que no alquila una vivienda completa, sino una habitación, y más de la mitad, lo hace sin contrato escrito”.
En tanto, el alquiler de viviendas temporarias en dólares crece. “Se trata de viviendas que dejan de estar disponibles para las y los residentes permanentes y presiona sobre las condiciones del conjunto de la oferta” expresaron.
El informe, detalla que durante los últimos cinco años, el 62 % se mudó de vivienda una o más veces, y de ese universo un 22 % lo hizo porque no pudo continuar pagando, y el dato que enciende las alarmas es que, más del 20% de los inquilinos considera, para el futuro, vivir en una vivienda más pequeña, o más alejada o teniendo que cohabitar.
En una nota para Página 12, el investigador de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), Fernando Bercovich, explicó que el 51 por ciento de los encuestados “firman contratos fuera de la Ley de Alquileres o les aumentan por fuera de la normativa” y agregó que, del porcentaje de inquilinos endeudados para pagar los gastos de alquiler, “también recortan otros gastos, como el pago de expensas o servicios públicos”.
“Desde la sanción de la Ley de Alquileres, algunos discursos muy presentes en la agenda pública la señalan como la culpable de los problemas actuales del acceso al mercado de alquiler, obviando, entre otros factores determinantes, el contexto macroeconómico de altísima inflación y devaluación” agregan en el informe.
Si bien se habló, tiempo atrás, que el Gobierno buscaría alternativas para derogar o modificar la actual Ley de alquileres, la realidad es que, al momento, en el Congreso se retrasa el debate por la reforma de la normativa que rige desde el 2020.
Mientras tanto, el 50 por ciento de las familias que viven en el AMBA, alquilan por fuera de la Ley sin contrato escrito y más del 60 por ciento, asume que recibe aumentos que incumplen la normativa, de ellos el 12% admite tener aumentos cada tres meses y un 15% asegura recibir un incremento cada mes.
