La Justicia prorrogó por otros seis meses la medida cautelar que favorece a Telecom, del Grupo Clarín, y que le permite decidir sus precios para los servicios de telefonía celular, internet y televisión por cable.
El amparo deja fuera de funcionamiento el decreto emitido por Alberto Fernández en 2020, año en el que los declaró como “servicio públicos” y, por tanto, los valores debían estar definidos y regulados por el Estado, que también era quien habilitaba los posibles aumentos.
De esta forma, la empresa podrá seguir teniendo libertad para definir los precios y aumentarlos indefinidamente si así lo decide. Ya es la cuarta prórroga, por lo que van camino a más de dos años sin definiciones concretas.
El decreto salió en medio de la pandemia, en un momento en que toda la argentina necesitaba de los servicios para poder continuar su vida normal, con sus estudios o trabajo, según el caso. Es por eso que desde el Gobierno nacional se estableció que dichos servicios serían de carácter “público” para que todos pudieran acceder de forma accesible y equitativa.
Establecía que los precios debían estar fijados y autorizados por el Estado, pero la cautelar lo frenó hace un año y medio. “Gracias a este amparo judicial, la empresa tendrá libertad para definir los valores que cobra”, afirmó un comunicado del Enacom.
“Es la cuarta prórroga, es decir, que vamos a llevar dos años y seis meses de vigencia de la cautelar cuando lleguemos al mes de octubre y que seguramente la justicia les dará otra”, destacó Gustavo López, vicepresidente del Enacom.
Y agregó: “Esto es lo que nosotros venimos denunciando, un poder judicial al servicio exclusivamente de los grandes intereses económicos y que no mira a los millones de usuarios que utilizan internet y telefonía todos los días para trabajar, estudiar y hacer las cosas más elementales”.
La justicia le dio la primera cautelar en abril de 2021 y, tiempo después, las empresas Telefónica y Claro no quisieron quedarse atrás y consiguieron sus propios amparos que les permitieron desregular los precios.
Es decir que las tres empresas que representan el 90% del mercado de servicios operan libremente y sin restricciones para el valor de sus prestaciones que son utilizadas todos los días por millones de argentinos y argentinas.
