La Corte Suprema de Justicia avaló que el juez Carlos Rosenkrantz intervenga en una causa que involucra al Grupo Clarín, su ex cliente, según reveló una investigación de El Destape. Los magistrados Horario Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti se aseguraron que así fuese.
De esta forma, Rosenkrantz podrá favorecer al Grupo Clarín en la causa donde se discute si pueden aumentar indefinidamente las tarifas de internet, cable y telefonía, a pesar de que es ilegal. ¿Y por qué lo es? Porque el juez fue abogado de la sociedad comercial que comanda Héctor Magnetto y no podría –o no debería– involucrarse.
“La Corte Suprema eligió una vez más con el diario Clarín sobre sus escritorio y la Constitución en un cajón”, expresó al respecto el periodista y politólogo Ari Lijalad.
El objetivo es muy claro: beneficiar las ganancias extraordinarias de Telecom y Cablevisión Holding, firmas gestoras de Cablevisión, Fibertel y Personal –cable, internet y telefonía, como se dijo anteriormente–, a través de la cuales se han repartido más de 400 millones de dólares en los últimos tres años, reveló la investigación.
A su vez, no es la primera vez que Carlos Rosenkrantz interviene a favor de un cliente suyo: ya lo habría hecho otras 25 veces y esta sería la número 26. Al igual que en los otros casos, se lo habilitó a pesar de la ilegalidad en la que incurre.
¿Qué se discute? La implementación del Decreto 690 que el presidente Alberto Fernández hizo efectivo en agosto de 2020, en plena pandemia. El decreto dice que los servicios de telecomunicaciones son “servicios públicos, esenciales y estratégicos” y sus precios serán regulados por el Estado para evitar aumentos y que la población pueda acceder en tiempos de virtualidad.
El Grupo Clarín llevó a la justicia este decreto para evitar que el gobierno decida sobre sus tarifas de cable, internet y telefonía en enero de 2021. Tras una disputa judicial y varias apelaciones, el caso llegó hasta la Corte Suprema, de al que el multimedio ya recibió varios favores.
La causa se “cajoneó” –se demoró, en la jerga judicial– y esto debido en algo lucrativo para el Grupo Clarín: al cumplirse un año la firma informó que repartió 397 millones de dólares en dividendos a sus accionistas. Ante lo sucedido, Fernández afirmó que se trató de un “acto de complicidad judicial con el poder económico real”.
Pero esto no termina allí: la demora puede seguir indefinidamente y beneficiar a Clarín, ya que lo único que hizo la corte fue permitirle intervenir a Rosenkrantz y ahora falta que resuelvan, sin plazo estipulado.
La Corte Suprema resolvió ayer algo que el gobierno pidió hace 11 meses, específicamente el 4 de noviembre de 2021. ¿Cuál era ese pedido? Algo tan simple como que el juez se excuse de intervenir en el expediente ya que fue abogado de Clarín, según él mismo informó.
Rosatti, autovotado presidente de la Corte, firmó junto a Maqueda y Lorenzetti que el pedido resulta “inadmisible” y alegaron que la recusación se debería haber pedido antes. El último de ellos, Lorenzetti, reconoció que los magistrados intervinientes “deben generar una expectativa de imparcialidad”, pero igual puso la firma para habilitar a Rosenkrantz.
