El Gobierno reglamentó la ley 27.669 que establece el marco regulatorio para la producción del cannabis medicinal y el cáñamo industrial, a través del decreto 405/2023, publicado este lunes en el Boletín Oficial.
La medida se formalizó 15 meses después de la sanción de la ley en el Congreso, el 5 de mayo de 2022, y su promulgación 21 días después mediante el decreto 266/2022.
La norma publicada este lunes establece el funcionamiento de la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (Ariccame), del Consejo Federal para el Desarrollo de la Industria del Cáñamo y Cannabis Medicinal y del Consejo Consultivo Honorario, que estará integrado por 20 miembros titulares e igual número de suplentes, de actuación ad honorem.
La Ariccame será "el organismo competente para reglar, controlar y emitir las autorizaciones administrativas con respecto al uso de semillas de la planta de cannabis, del cannabis y de sus productos derivados".
También se adopta el sistema de Ventanilla Única para la Industria del Cáñamo y el Cannabis Medicinal, para la gestión de trámites vinculados a la emisión de autorizaciones, licencias y certificaciones necesarias, que busca facilitar los trámites para los pequeñas empresas, que también serán particularmente valoradas al momento del otorgamiento de las licencias.
Este sistema "tiene por objetivo principal proporcionar una mayor eficiencia en las gestiones y trámites, unificar procedimientos administrativos y expedientes, dar intervención a los organismos con competencias específicas involucrados y facilitar el acceso y difusión de la información de manera homologada, estandarizada, actualizada e integrada", señaló el comunicado.
De esta forma, se pondrá en marcha formalmente la agencia regulatoria encargada de otorgar licencias para la producción de derivados del cannabis. Las licencias durarán 5 años hasta su renovación y se esperan generar 10 mil puestos de trabajo.
La Ariccame entregará siete tipos de licencia: de criadero, multiplicación y cultivo; de servicios logísticos; producción de derivados; comercialización de semillas, plantines y esquejes y flores; para estudios y pruebas analíticas; y de comercio exterior.
Con la reglamentación de la Ley 27.669, se espera que la Ariccame ponga en marcha la industria de cannabis con el otorgamiento de unas 80 licencias antes de fin de año, entre las que tendrán prioridad las empresas que ya comenzaron a funcionar bajo el paragüas de la Ley de Cannabis Medicinal.
Como autoridad de aplicación de la ley, el órgano de control definirá las especificaciones y regulación de lo que se considera “producto derivado” del cannabis: medicinal humano, veterinario, nutricional, cosmético, industrial, de sanidad y fertilidad vegetal, pero la propia reglamentación deja abierta la puerta para nuevas funcionalidades, “que surjan a partir de la investigación científica y el desarrollo tecnológico e industrial”.
