Tras el fuerte ajuste fiscal anunciado por el ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, el Gobierno lanzará un Decreto de necesidad y urgencia (DNU) para desregular la economía. En ese marco, la presidencia de Javier Milei buscará derogar la Ley de Abastecimiento con el objetivo de erradicar los controles de precios.
Si bien el nuevo secretario de Comercio, Pablo Lavigne, tiene como objetivo derogar la Ley de Abastecimiento, también se apunta a la Ley de Góndolas, y la eliminación de los fideicomisos en el trigo y el aceite.
Tras decidir que no se renueve el contrato con el programa Precios Justos, que abarataba los alimentos un 30% en supermercados, las remarcaciones en los comercios superaron el 40% en varios casos. En ese sentido, con las nuevas derogaciones la canasta básica aumentaría aún más.
Qué es la Ley de Abastecimiento
La Ley de Abastecimiento, aplicada por la Secretaría de Comercio, habilita al Estado nacional a tomar medidas sobre los precios, como fijar números máximos y sancionar a empresas que suban el valor de los productos de manera “injustificada”.
También puede ordenar la continuidad de todo o parte del proceso económico: fabricación, comercialización y distribución de cuotas mínimas de algún producto o servicio.
Se encuentra vigente desde 2014 e influye en todos los procesos de la compraventa: desde la fabricación hasta la distribución y venta o contratación.
Qué impacto tendría la derogación de la Ley de Abastecimiento
Si el equipo de Javier Milei decide derogar la Ley de Abastecimiento, las consecuencias para el trabajador y el consumidor diario podrían ser varias.
Las empresas que elaboran productos esenciales tendrían vía libre para subir los precios de forma injustificada, así como también más capacidad para hundir a los pequeños competidores y acaparar las góndolas con sus productos.
Además, las compañías podrían ofertar poca mercadería para generar un clima especulativo, aumentar precios, y multiplicar sus ganancias.
En caso de que eso se haga realidad, el presidente estaría cumpliendo el anticipó que hizo en la previa de su asunción, el de "liberar todos los precios que pueda de la economía".
De esta manera, quien se llevaría la peor parte es el trabajador, ya que, al tener un "libre mercado", no podrá tener en claro los precios de los productos que vaya a consumir y todos los días tendrá que esperar a llegar al lugar para constatar que vale cada cosa.
