El ex jugador de la Selección nacional, Gabriel Batistuta, recibió esta semana un revés judicial en la causa que se inició por su negativa a pagar el Impuesto a las Grandes Fortunas, el tributo que se creó mediante una ley del Congreso en el marco de las emergencias económicas surgidas por la pandemia del Coronavirus.
Si bien la amplia mayoría de los millonarios tributaron, un pequeño grupo inició acciones legales contra el Estado nacional, por considerar el tributo confiscatorio, pese a que el monto afectado era relativamente pequeño sobre el patrimonio total.
Entre ellos está el ex goleador de la Fiorentina y la Roma, que el mes pasado recibió una mala noticia por parte del juez Aldo Iturralde de Reconquista, quien le denegó la medida cautelar para evitar pagar el tributo extraordinario.
Si bien la decisión del juez fue a finales del mes de abril, recién ahora trascendió a los medios de comunicación. Un portal de noticias, consignó que "la resolución, que no se conocía hasta ahora, fue firmada a fines de abril. La medida cautelar que había solicitado el deportista era para que AFIP no pudiera iniciar ninguna inspección ni procedimiento administrativo para cobrar el aporte e impedirle que pudiera iniciar algún tipo de reclamo o embargo sobre los bienes".
El escrito del juez contra Gabriel Batistuta
En el escrito con el que respondió el juez a la presentación de medida cautelar, el magistrado manifestó que “por principios generales el ejercicio regular de un derecho propio –dictar la norma- o el cumplimiento de un deber legal –iniciar proceso administrativo de fiscalización tributaria por parte de la AFIP- no pueden constituir como ilícito ningún acto".
En este sentido remarcó que "se deberá poner especial atención al momento de dictar pronunciamientos sobre la procedencia de medidas cautelares contra actos del poder público, por cuanto pueden lesionar la eficacia de la actividad del Estado Nacional que se asienta sobre la regla de legitimidad de las decisiones legislativas y/o administrativas, por lo cual resultan absolutamente excepcionales las medidas judiciales tendientes a paralizar o enervar aunque sea momentáneamente la labor estatal”.
Sobre el pago del tributo a las Grandes Fortunas, no aparecía “acreditado” que el pago del Impuesto afectara “la capacidad económica o financiera del contribuyente a tal punto que ponga en peligro su situación patrimonial ni sus derechos fundamentales”. Tampoco consideró que afectara “severamente la supervivencia de su organización económica gravada”.
"Cabe advertir que, del informe contable presentado como prueba documental por el actor, donde ilustra el monto de los bienes de éste, situados tanto en el país como en el exterior y el valor del tributo a abonar –hoy cuestionado- se advierte que lo que se encuentra comprometido es un porcentaje inferior al 4% del patrimonio del recurrente, por lo que deduzco, en esta instancia preliminar, que el mismo no afecta la capacidad contributiva del presentante para afrontar el pago del tributo”, explicó en detalle el magistrado. “Tampoco fue acreditada en esta instancia que el impuesto discutido afectara la continuidad de las actividades económicas que en el futuro desarrollara el actor”.
Y agregaba que "La prueba aportada en autos no sería apta para probar prima facie la afectación del derecho de propiedad alegado, ni la confiscatoriedad del impuesto argüido. Por ende y recalcando, en este estadio provisorio, concibo que no obra prueba concluyente de la existencia de arbitrariedad o irrazonabilidad del acto administrativo discutido".
La respuesta de la defensa
El abogado defensor de Gabriel Batistuta, ya apeló la resolución del juez Aldo Iturralde, y solicitó que la causa se mantenga en reserva. El argumento del abogado según presentación es que el importe que debería abonar en concepto de Impuesto a las Grandes Fortunas representa más del 1000% de las rentas obtenidas en 2020.
Ahora es el turno de la Cámara Federal de Resistencia, para expedirse frente al tema, que deberá decidir sobre la suerte de la presentación judicial del ex jugador.
