Este miércoles, cientos de personas pertenecientes a distintas organizaciones de la sociedad civil, se concentraron frente a la puerta principal de la Quinta de Olivos para expresar su rechazo a la medida tomada por el Gobierno Nacional que encabeza Javier Milei que busca desregular el Sistema Único de Prestaciones Básicas de las Personas con Discapacidad.
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La movilización comenzó en horas de la mañana en las inmediaciones del predio residencial ubicado sobre la Avenida Maipú, en el partido de Vicente López. En tanto, la medida fue convocada en distintos puntos del país como Rosario (Santa Fe), San Miguel de Tucumán, Ciudad de Córdoba y Mendoza, entre otras.
Según advierten desde el sector, el proyecto que se dio a conocer el pasado 8 de mayo, buscaría eliminar el costo único para prestaciones, un beneficio que existe desde el año 1997 a partir de la Ley 24.901, que facilita el acceso a la atención.
La acción que involucra a organizaciones sociales, colegios profesionales y asociaciones civiles a favor de personas con discapacidad, se realiza en el marco de una jornada nacional de lucha que busca darle visibilidad a la problemática que enfrenta el sector a partir de la propuesta presentada por el Gobierno Nacional, la cual los pone en estado de alerta.
El proyecto, presentado por la Agencia Nacional de Discapacidad, busca desregular el sistema de prestaciones, permitiendo a cada financiador establecer aranceles de forma independiente. Según explican, esta decisión es discriminatoria y supone un retroceso en la universalidad y la igualdad de acceso a los tratamientos. Su aplicación, impactará sobre las personas con discapacidad ya que pondrá en riesgo su cobertura médica.
"Lo que más hace dudar sobre esto es que los funcionarios responsables de este proyecto han dicho que es un borrador. Hoy ese borrador tiene un número, un dictamen de Legal y Técnica y falta la firma del jefe de Gabinete o el Presidente de la Nación", explicó el padre Pablo Adrián Molero, coordinador del Foro Permanente para la Promoción y Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad.
En la misma línea, remarcó que a pesar de que los funcionarios libertarios dicen que ellos "no quieren que nadie pierda nada", la preocupación "tendría que estar en poner aranceles que respondan a los costos reales más que buscar una desregulación que, además, haría que el mismo que pone las exigencias es el que paga".
Qué dice el proyecto
Días atrás, el texto del decreto con el que el Gobierno busca desregular el financiamiento de prestaciones para personas con discapacidad se filtró. El documento, fue elaborado por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), organismo que depende de Jefatura de Gabinete y conducido por Diego Spagnuolo, quien firma al pie del texto.
De entrar en vigencia ente decreto, fechado el 8 de mayo, cada financiador nacional podría fijar los aranceles a su gusto. En la actualidad, existe un único nomenclador consensuado por un directorio con protagonistas del sector. Este, detalla los aranceles que los financiadores deben pagar a los prestadores que dan salud, educación y transporte a las personas con discapacidad.
En concreto, el escrito ofrece la facultad a la Agencia Nacional de Discapacidad para "dictar las normas reglamentarias, complementarias y/o aclaratorias que considere pertinentes para la operatividad del presente Decreto como autoridad de aplicación en materia de discapacidad".
