En medio de fuertes ajustes y aumentos en combustibles, supermercados, servicios y otros bienes, sumado a los próximos que regirán desde febrero, el Gobierno nacional habilitó a los establecimientos de gestión privada de todos los niveles a fijar el valor de sus aranceles mensuales sin límites.
La medida comenzó a regir desde este lunes tras anunciar en el Boletín Oficial la derogación de 69 normas que, según el presidente Javier Milei, "obstaculizaban las relaciones comerciales entre ciudadanos y promovían un rol intervencionista del Estado".
Entre esas, derogó una norma que regía desde 2019 por la cual los colegios privados debían comunicar sus estructuras de costos a la Secretaría de Comercio y en función de un análisis de esta dependencia se permitían los aumentos.
“Que, entre los objetivos asignados a la citada Secretaría, se encuentra la implementación de políticas y marcos normativos necesarios para afianzar los derechos del consumidor, correspondiendo a su respecto la aplicación de la Ley N° 24.240 y sus modificatorias”, decía la norma derogada.
Y añadía que “la relación entre escuelas privadas y educandos reviste características típicas de los contratos de adhesión, en los cuales el establecimiento dispone las condiciones generales a las que las alumnas y los alumnos se hallan sujetos”.
Es por eso que, tras quitar esa norma, a partir de ahora los colegios y universidades privadas podrán realizar los ajustes que crean convenientes y establecer las condiciones de acceso a sus servicios sin controles ni restricciones.
La medida se toma a casi un mes del inicio de clases, y posterior a la inscripción de los alumnos a los establecimientos, quedando los padres atados a dichos aumentos.
El Gobierno derogó 69 normas para "disminuir la burocracia y mejorar el comercio"
El Gobierno dispuso este lunes la derogación de 69 normas relacionadas con Precios Justos, Ley de Góndolas y de Abastecimiento, con el objetivo de "disminuir la burocracia, fortalecer la competencia y mejorar el comercio". Lo hizo mediante la resolución 51/2024 publicada en el Boletín Oficial.
"El sentido de estas medidas es simplificar el comercio, desburocratizar la gestión del Estado y evitarle tanto a los ciudadanos como a las empresas perder tiempo y recursos remitiendo información que se tornaba innecesaria", dijo el secretario de Comercio, Pablo Lavigne, en un comunicado.
La Secretaría adelantó que estas derogaciones son el resultado de una primera etapa de relevamiento, a la que seguirán otras medidas.
