La situación de Vicentin SAIC se tornó crítica luego de que la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe aceptara un recurso de inconstitucionalidad en su proceso concursal.
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Esta decisión podría retrasar la homologación de la propuesta de rescate, que ya cuenta con la aprobación de la mayoría de los acreedores, y ya llevó a la empresa agroindustrial a implementar un "procedimiento preventivo de crisis".
Este mecanismo, contemplado en la Ley de Empleo Nº 24.013, busca facilitar la negociación entre la empresa, los sindicatos y el gobierno antes de que se tomen medidas drásticas como despidos o suspensiones. Sin embargo, la activación de este procedimiento pone en riesgo la estabilidad laboral de cientos de trabajadores.
La Corte complica a Vicentin tras un fallo adverso
El directorio de Vicentin criticó la intervención de la Corte, señalando que es la segunda vez que la justicia se involucra en el concurso de la empresa, adoptando decisiones que consideran polémicas. “La decisión de la Corte Suprema de Santa Fe es la segunda vez que interviene en el concurso de Vicentin y en ambas adoptó decisiones polémicas”, indicaron, añadiendo que esto causó grandes pérdidas y retrasos en el proceso.
La empresa argumenta que la medida llega en un momento inapropiado, ya que se esperan audiencias penales cruciales que podrían abordar el levantamiento de medidas cautelares que afectan a 1,400 acreedores. “La caja de la empresa no soporta más demoras en la definición final”, advirtieron.
Además, desde el directorio expresaron que el nuevo retraso obliga a la compañía a tomar medidas de protección ante una prolongada incertidumbre. “La empresa se ve forzada a iniciar un procedimiento preventivo de crisis, que hasta ahora ha procurado evitar por todos los medios a su alcance”, afirmaron.
Vicentin se enfrenta a la necesidad urgente de tomar decisiones para sostener sus operaciones y garantizar el pago a los acreedores. “Ante la gravedad de los hechos descriptos que genera esta nueva e injustificada intervención de la Corte Suprema de Santa Fe, Vicentin no puede ignorar el impacto que provoca esta medida en el giro de la sociedad”.
En 2022, la Corte santafesina confirmó el concurso preventivo de Vicentin
La Corte Suprema de Santa fe rechazó en agosto de 2022 el planteo de Vicentin y confirmó el concurso preventivo. Los abogados defensores de la firma habían presentado un planteo de revocatoria a la decisión del máximo tribunal y pidieron apartar al juez que falló.
De esta forma, el concurso de acreedores quedaba en suspenso una vez más a pesar de que el 61% de los acreedores avalaba la decisión y existía un preacuerdo que solo restaría ser homologado por el juez del concurso, Fabián Lorenzini.
La Corte santafesina deberá decidir sobre el futuro de la convocatorio de acreedores de ahora en más tras quedar firme lo estipulado por el tribunal, es decir, el decreto de avocamiento que se dictó luego de un pedido de la empresa Commodities SA.
El pedido de revocatoria al avocamiento presentado por Vicentin fue rechazado por los jueces Roberto Falistocco, María Angélica Gastaldi, Daniel Erbetta y Mario Netri.
El planteo de Vicentin
Los abogados de la empresa Commodities S.A., uno de los principales acreedores de Vicentin, señalaron presuntas irregularidades cometidas por el juez en el concurso de una deuda de 1500 millones de dólares, por lo que exigieron su apartamiento y la revocación.
A pesar de ello, a mediados de junio cuando faltaban dos semanas para la finalización del concurso preventivo de la empresa agroexportadora, el presidente de la Corte Suprema de Santa Fe, Rafael Gutiérrez, firmó un decreto por el cual apartó al juez Lorenzini y planteó el avocamiento de la Corte al caso.
Dicho decreto también suspendió los plazos procesales que habilitan a Vicentin a seguir adelante con su acuerdo de pago, que tiene el 61% del aval de los acreedores pero no cuenta con el principal, el Banco Nación (BNA) ni de otros acreedores comerciales.
Esta postura se debió a que señalaron un carácter “abusivo” en el acuerdo porque implicaba la quita del 80% de la deuda original que tiene la cerealera y un pago que se extiende durante 12 años.
