El exprocurador del Tesoro, Bernardo Saravia Frías y el exdirector de Vialidad Nacional, Javier Iguacel, ambos exfuncionarios durante el gobierno de Cambiemos, fueron procesados por administración fraudulenta en la causa que investiga las irregularidades en las concesiones de los peajes.
No obstante, el juez Rodolfol Canicoba Corral además de trabar un embargo por 500 millones de pesos, decidió rechazar la recusación que los acusados habían presentado la semana pasada tras brindar la negativa a la hora de declarar por supuesta imparcialidad.
La causa que sacude a los dos exfuncionarios de Mauricio Macri se inició tras la denuncia que presentaron los diputados por el Frente de Todos, Rodolfo Tailhade, Carlos Castagneto, Leopoldo Moreau y Adrian Grana.
El juez investiga supuestas concesiones por diez años sin llamar a una nueva licitación, tal como establece la ley; el pago a las empresas por parte del Estado de casi 500 millones de dólares por supuestas "inversiones no amortizadas"; y la venta de las acciones que Macri tenía en Ausol S.A a una empresa sin experiencia en el rubro, llamada Natal Inversiones S.A, por un 400% más caras del valor que tenían previo a la asunción del expresidente en la Casa Rosada.
