Luego del fallo judicial que le atribuyó a Irán los atentados a la AMIA, este viernes el Gobierno elevó la alerta antiterrorista y ordenó reforzar la seguridad en aeropuertos, embajadas e instituciones religiosas de la colectividad judía.
La decisión se tomó luego de una reunión entre la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y su secretario Vicente Ventura Barreiro, quienes analizaron la posibilidad de un eventual ataque y resolvieron sumar controles en posibles objetivos de un eventual ataque terrorista: aeropuertos, hoteles, embajadas y establecimientos vinculados a la comunidad judía. La decisión alcanza también a embajadas como la de Israel y la de Estados Unidos.
Esta medida tiene que ver con el recrudecimiento de la tensión entre Irán e Israel y con el fallo histórico -que el Gobierno festejó- de la Cámara Federal de Casación Penal, quien responsabilizó a la organización fundamentalista islámica Hezbollah, patrocinada por el gobierno de Irán, de los atentados perpetrados contra la Embajada de Israel, en 1992, y la AMIA, en 1994.
Si bien desde Ministerio de Seguridad explicaron que el país no recibió ninguna una amenaza concreta, aclararon que desplegar un plan preventivo y extremar medidas en puntos sensibles de la seguridad nacional corre por una cuestión de "protocolo".
Qué dice el fallo
El fallo de la Cámara Federal de Casación Penal declaró, además, que ambos episodios deben ser considerados como delitos de lesa humanidad, lo que implica que las investigaciones no prescriben pese al paso del tiempo y la carencia de resultados judiciales.
El fallo fue determinado por los jueces Carlos Mahiques, Ángela Ledesma y Diego Barroetaveña, quienes llegaron a la conclusión de que ambos atentados fueron planificados desde Irán y ejecutados por Hezbollah, organización a la que definieron como un virtual brazo armado para acciones terroristas.
Los jueces ratificaron el carácter de lesa humanidad, que en el caso de la AMIA ya había sido declarado por el juez Rodolfo Canicoba Corral hace casi dos décadas.
El tribunal rebajó, por otra parte, la condena contra el ex juez Juan José Galeano, quien pasó de seis a cuatro años de cárcel por el presunto pago ilegal al desarmador de autos Carlos Telleldín para que involucrara falsamente a policías bonaerenses en el atentado contra la mutual judía.
En tanto, a los ex fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia les mantuvo los dos años de prisión, y a Telleldín lo absolvió al no poder certificar que hubiera tenido participación directa o indirecta en el ataque.
Ana María Boragni, ex mujer de Telleldín, quien durante una audiencia reciente dijo al tribunal que cuando se pactó un pago ilegal de 400 mil dólares a su ex pareja estaba presente el entonces ministro del Interior, Carlos Corach, también fue absuelta. La misma decidieron tomaron con el ex titular de la DAIA Rubén Beraja.
Además, desvinculó al ex juez Galeano del encubrimiento de la denominada “pista siria” y por extensión hizo llegar el alcance de esa decisión al difunto ex presidente Carlos Menem.
La resolución exhorta al Estado argentino a formular un reclamo formal en tribunales internacionales contra la República Islámica de Irán.
