La primera precandidata a concejal del Frente de Todos en Pinamar, Sol Besteiro, salió este viernes a cuestionar el rol del intendente local de Juntos por el Cambio, Martín Yeza, en un nuevo capítulo del escándalo por el fraude con las tarjetas Alimentar, a partir de que el Banco Provincia intimó al Municipio a devolver de “inmediato” al Ministerio de Desarrollo de la Nación los $ 2 millones que fueron desviados, tal como informó en exclusiva Data Diario.
“Por un lado, celebramos que a partir de la carta documento del presidente del banco (Juan Cuattromo) el tema vuelva a estar en la agenda pública, porque desde que se destapó la estafa (en marzo de este año), el Intendente hizo todo lo posible por acallar el tema, tapar todo y no dar explicaciones a los vecinos. Pero, por otra parte, lamentamos el desenlace previsible que esto iba a tener: todos los pinamarenses vamos a terminar pagando la irresponsabilidad de Yeza y sus funcionarios”, señaló la dirigente peronista.
No hubo investigación interna
Besteiro destacó que más allá de la causa judicial en curso, a nivel municipal Yeza nunca impulsó un sumario administrativo de investigación ni apartó preventivamente de sus cargos a la directora del área involucrada directamente con el escándalo, Nora Ponce, y tampoco al secretario comunal de Desarrollo Social, Javier Tumas, a cargo del programa.
“Todo salió a la luz en marzo de este año, pero las irregularidades ya venían desde noviembre de 2020 con reclamos de mujeres que informaban que sus tarjetas estaban vacías. Luego, esta directora (Ponce) le avisa al personal que tenía a cargo que se había hecho una denuncia y que se había abierto una investigación. Por lo tanto, estaban todos alertados de cómo iban a ser los pasos a seguir y tememos que exista la posibilidad de que se hayan eliminado más pruebas”.
“Yeza no da la cara”
Tras el allanamiento de la Policía Federal del 18 de marzo y el escándalo que generó el tema entre los vecinos al tomar estado público, el bloque opositor presentó en unanimidad una resolución pidiendo el apartamiento de los cargos de los involucrados y que también se reintegrara de forma inmediata el dinero a las víctimas de la estafa. Nunca prosperó. Como era de esperar, Yeza impuso su mayoría en Concejo Deliberante para bloquear la iniciativa y que no se tratara.
“Hicimos varios pedidos de interpelación al propio Yeza, pero nunca se presentó. No da la cara. No quiere dar explicaciones a los vecinos de Pinamar y goza de un blindaje. Y los funcionarios que sí asistieron al Concejo, jamás presentaron documentación respaldatoria de sus dichos”, describió Besteiro que actualmente es asesora de la presidencia del bloque del Frente de Todos en el HCD de Pinamar.
“Yeza es cómplice porque protege a los involucrados. Ponce, al momento de los hechos tenía un cargo que es un invento muy bizarro, directora general de Gestión y Coordinación Teritorial. Cuando explota el escándalo, el Intendente para correrla del foco de la tormenta la premió con una nueva dirección en la Jefatura de Gabinete. El tema es que prácticamente nunca cumplió esa función porque ni oficina tenía y sus empleados decían que estaba en su casa, hasta que recién el mes pasado cesó en el puesto. Como si no fuera suficiente, Tumas sigue como secretario de Desarrollo Social con total impunidad”, concluyó la precandidata a concejal.
La causa
En marzo, la Policía Federal allanó las sedes de la Secretaría de Deportes y Desarrollo Social del municipio de Pinamar, y detuvo a seis personas, entre ellas dos funcionarias municipales, por irregularidades en la entrega de la Tarjeta Alimentar.
Según informaron fuentes judiciales, dos funcionarias de la secretaría de Desarrollo Social de Pinamar robaron lotes que no habían sido entregados por la pandemia de coronavirus, y se las dieron a la pareja de una de ellas.
A través de dos amigos comerciantes, simularon en los posnet compras con las tarjetas por un monto total de $2.092.000 que luego transfirieron a cuentas personales en el Banco Provincia. En total serían seis las personas implicadas.
Luego de los allanamientos, todos fueron detenidos bajo la acusación de “defraudación en perjuicio de la administración pública”.
Con el secuestro del material y las detenciones, el juzgado se declaró incompetente y le pasó la causa a la justicia federal de Dolores: es que los fondos afectados pertenecían al Estado Nacional. El fiscal federal de Dolores Juan Pablo Curi los acusó ante el juez subrogante Martín Bava (quien actualmente prosigue la investigación) por defraudación en perjuicio de la administración pública y asociación ilícita.
