La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner fue sobreseída este martes, junto con más de 200 exfuncionarios y empresarios, en la causa vinculada al llamado caso de los cuadernos en la que se investiga el supuesto pago de sobornos por parte de empresas de transporte beneficiadas con subsidios al gasoil.
El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi determinó la resolución en el marco de un expediente en el cual su antecesor al frente del juzgado 11, el fallecido Claudio Bonadío, primero había procesado a los imputados, pero que luego la mencionada decisión fue revocada por la Cámara Federal porteña.
Según informó la Agencia Telam, la maniobra investigada tenía que ver con el otorgamiento de subsidios al gasoil para empresas de colectivos y se sospechó respecto a si el sistema implementado facilitó que se calcularan los subsidios en base a kilometrajes superiores a los efectivamente recorridos por los colectivos y, por ende, se entregaran subsidios superiores a los correspondientes.
Para Bonadio, la supuesta defraudación se había prolongado desde julio de 2003 hasta marzo de 2014, cuando se instalaron GPS en los colectivos y había sido por un monto superior a los 609.000 millones de pesos.
En ese sentido, para Martínez de Giorgi, esa supuesta defraudación no pudo ser probada porque, por ejemplo, no fue posible demostrar las supuestas diferencias entre los kilómetros recorridos por los colectivos y los reportados –por declaración jurada- para percibir los subsidios.
La investigación se topó con un escollo: “la imposibilidad de realizar peritaje alguno que permita aclarar los hechos investigados”.
En un fallo de más de 200 páginas, el magistrado sostuvo que la investigación se topó con un escollo insalvable que lo llevaba a disponer el sobreseimiento de los imputados: “la imposibilidad de realizar peritaje alguno que permita aclarar los hechos investigados”.
Los sobreseimientos dispuestos por el juez Martínez de Giorgi alcanzaron también al exministro de Planificación Federal Julio De Vido y a los exsecretarios de Transporte Juan Pablo Schiavi, Ricardo Jaime y Alejandro Ramos, además de a más de dos centenares de empresarios del transporte.
De Vido y Schiavi, sin embargo, continuarán siendo investigados junto al exinterventor de la Comisión Nacional de Regulación de Transporte, Antonio Sícaro, y a los empresarios Oscar Strano y Ricardo Díaz por el caso de la empresa Transporte Interprovincial Rosarina (TIRSA), que durante el período comprendido entre mayo de 2010 y noviembre de recibió cupos de gasoil a precio diferencial sin prestar servicios.
