Una nueva medida de fuerza contra las políticas del Gobierno de Javier Milei tendrá lugar estas semana y se llevará a cabo tan solo un par de horas después del paro general de la CGT. En las últimas horas, los Industriales Pymes Argentinos (IPA), confirmaron que marcharán este viernes al Congreso de la Nación en rechazo a la Ley Bases que se está debatiendo en la Cámara de Senadores, con la intención de manifestar su descontento con el polémico Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).
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Según informaron a través de sus redes sociales, la entidad que representa a las Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs) junto a cámaras empresariales e industriales del sector, este 10 de mayo concentrarán desde las 11 de la mañana frente al Palacio Legislativo ubicado en la esquina de las avenidas Hipólito Yrigoyen y Entre Ríos de la Ciudad de Buenos Aires.
De acuerdo a las últimas declaraciones de Daniel Rosato, titular de IPA, la convocatoria se realiza en "defensa de la industria nacional y el trabajo argentino" y para exigir un cambio en el RIGI, la propuesta del Ejecutivo Nacional para favorecer las inversiones de capitales extranjeros y nacionales en el país.
"Así como está el proyecto es un ataque al sector industrial", explicó Rosato y afirmó que "esto no lo podemos permitir. Vamos a solicitar reunión con todos los bloques".
En este marco, avisaron que la movilización será "en defensa del trabajo argentino y de la competitividad industrial" que se verán afectados por esta ley. Además, precisaron que la medida de fuerza que llevarán adelante este viernes, se tomó después de un encuentro entre diversos sectores pymes "alertados por el posible impacto del RIGI sobre el sector".
De qué se trata el RIGI, la apuesta de Milei para incentivar inversiones
En el marco del debate en comisiones del Senado de la Nación sobre los proyectos de Ley de Bases y el Paquete Fiscal que obtuvieron media sanción en Diputados, comenzó en las últimas horas a tomar mayor repercusión uno de los puntos claves con los que el Gobierno libertario planea incentivar las inversiones extranjeras. Se trata del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), el cual ofrece un marco legal de incentivos impositivos, aduaneros y cambiarios con el objetivo de atraer proyectos de inversión superiores a los 200 millones de dólares.
La propuesta que impulsa el presidente Javier Milei, busca generar un ambiente de seguridad jurídica que fomente la llegada de capital extranjero y nacional. Sin embargo, la polémica en que también incluye un artículo que dispone la invalidez de cualquier otra norma preexistente que sea contraria a los beneficios y exenciones que crea el RIGI.
El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) contempla una serie de incentivos fiscales, aduaneros y cambiarios con el objetivo de atraer inversiones extranjeras. Además, el Estado nacional se compromete a mantenerlas por 30 años, con la garantía de no afectación por normativas más gravosas.
Beneficios impositivos:
- Impuesto a las Ganancias:
- Alícuota reducida del 25% para los Vehículos Titulares de un Único Proyecto (VPU).
- Amortización acelerada de bienes muebles e infraestructura.
- Transferencia de quebrantos impositivos no absorbidos dentro de los primeros 5 años.
- Impuesto al Valor Agregado (IVA):
- Devolución acelerada de saldos a favor en un plazo no mayor a tres meses.
- Pago del IVA a través de Certificados de Crédito Fiscal transferibles a terceros.
- Otros impuestos:
- Computar el 100% del impuesto sobre débitos y créditos bancarios como crédito en el Impuesto a las Ganancias.
Beneficios aduaneros:
- Exención de derechos de importación para bienes de capital, repuestos, partes e insumos.
- Exención de derechos de exportación durante los primeros tres años para proyectos adheridos al RIGI.
Beneficios cambiarios:
- Libre disponibilidad de divisas para exportaciones:
- 20% el primer año.
- 40% el segundo año.
- 100% a partir del tercer año.
- Divisas para financiamiento local o externo sin restricciones.
Estabilidad normativa:
- Estabilidad impositiva, aduanera y cambiaria durante 30 años.
- Garantía de no afectación por normativas más gravosas.
Quiénes pueden adherirse al RIGI
Para aplicar al régimen, los proyectos deben cumplir con ciertos requisitos:
Vehículos Titulares de un Único Proyecto (VPU):
- Sociedades Anónimas (incluidas unipersonales) y Sociedades de Responsabilidad Limitada.
- Sucursales de sociedades extranjeras.
- Uniones transitorias de empresas.
Monto de Inversión Mínima:
- Proyectos con una inversión superior a 200 millones de dólares.
Sectores incluidos:
- Agroindustria, Infraestructura, Forestal, Minería, Gas y Petróleo, Energía y Tecnología.
Criticas al RIGI
Este punto, que fue cuestionado también por Cristina Fernández de Kirchner durante la inauguración del Salón de las Mujeres del Bicentenario, está incluido en el artículo 162 de la ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos. Allí, establece "sin perjuicio del ejercicio legítimo de las jurisdicciones y competencias locales, cualquier norma o vía de hecho, nacional por la que se limite, restrinja, vulnere, obstaculice o desvirtúe lo establecido en el presente Título, será nula de nulidad absoluta e insanable y la Justicia federal deberá, en forma inmediata, impedir su aplicación".
En tanto, de convertirse en Ley el proyecto, habilitaría a la Justicia a modificar o no aplicar normas vigentes y sancionadas anteriormente. De esta manera, permitiría la vulneración de competencias provinciales y la violación de la división de poderes, según explican los expertos en materia jurídica.
Así, mientras el oficialismo asegura que este capitulo podrá generar un ambiente de seguridad jurídica que atraiga capital extranjero y nacional, desde los sectores de la oposición advierten que su aprobación convertiría al país en un refugio para el lavado de activos.
Según pronosticó el titular de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA), Elio Del Re, los beneficios otorgados no van a acompañados por obligaciones en términos de transferencia tecnológica y compras locales, y esto pondría en peligro la sostenibilidad macroeconómica del país.
En la misma sintonía se expresaron desde la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) al cuestionar que el techo de inversión mínimo de 200 millones de dólares, una cifra que excluye a las PyMEs, responsables de la mayor cantidad de puestos de trabajo nacionales.
