El Gobierno logró dictamen favorable para avanzar en la privatización de Aerolíneas Argentinas y, de esta manera, podrá ser debatido en el recinto de sesiones. El Gobierno quiere tratar el proyecto antes del 30 de noviembre cuando concluye el período de sesiones ordinarias.
La decisión se tomó en un plenario de las comisiones de Transporte y Presupuesto y Hacienda donde se firmó un dictamen de mayoría con el apoyo de La Libertad Avanza (LLA), Paula Oliveto Lago de la Coalición Cívica (CC), el PRO, Movimiento Integración y Desarrollo (MID) y la UCR.
En segundo lugar se ubicó el dictamen de Unión por la Patria (UP) y la Izquierda en rechazo a la privatización, y en tercer lugar el dictamen de minoría propuesto por Encuentro Federal (EF), Maximiliano Ferraro de la Coalición Cívica y Democracia para Siempre.
Por su parte, el dictamen de minoría propone la privatización del 49% de la empresa por lo que el paquete mayoritario quedaría en manos del Estado y propone la necesidad de crear una nueva ley en caso de que se quiera vender la empresa, cerrarla o deshacerse del capital estatal.
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El Gobierno declaró "sujeta a privatización" a Aerolíneas Argentinas
A principio de octubre, el Gobierno dio un nuevo paso para vender la empresa Aerolíneas Argentinas: la declaró "sujeta a privatización". Lo hizo mediante el decreto 873/2024 publicado este miércoles en el Boletín Oficial, el cual lleva la firma de Javier Milei, Guillermo Francos y Luis Caputo.
El Ejecutivo busca desprenderse de la aerolínea de bandera amparándose en el artículo 9° de la Ley N° 23.696 de Reforma del Estado menemista. Tras la fallida experiencia de Marsans, la compañía podría volver a manos privadas.
"Luego de 16 años de la estatización de la compañía, los objetivos propuestos no fueron concretados", se destaca en el texto de la norma.
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La justificación del Gobierno para privatizar la aerolínea de bandera
Entre los motivos que aduce el Gobierno en el decreto, señalan que el Tesoro Nacional "no se encuentra en condiciones de mantener una empresa altamente deficitaria a través del aporte de cientos de millones de pesos que provienen del esfuerzo de los habitantes de la REPÚBLICA ARGENTINA".
Además, argumentan que "la privatización de la compañía y su funcionamiento en condiciones de mercado permitirán una mejor prestación del servicio, el cuidado de las arcas públicas y, principalmente, que los argentinos dejen de financiar el déficit de una compañía ineficiente".
En esa línea, sostienen que el Estado tiene como objetivo "destinar los limitados recursos fiscales a atender las necesidades de los que menos tienen", en un contexto en el cual "la pobreza alcanza al CINCUENTA Y DOS COMA NUEVE POR CIENTO (52,9 %) de la población y la indigencia al DIECIOCHO COMA UNO POR CIENTO (18,1 %)".
Con la publicación del decreto, el Gobierno se pone así por encima de los proyectos presentados por el PRO y la UCR. El primero fue presentado por el diputado Hernán Lombardi y también declara a la empresa “sujeta a privatización” en los términos y con los efectos previstos en la Ley 23.696. Además, autoriza al Poder Ejecutivo a “establecer el marco legal y llevar adelante el procedimiento para instrumentar el proceso de privatización referido en el artículo 1°”.
La otra iniciativa la presentó el jefe del bloque de la Coalición Cívica, Juan Manuel López. Este texto precisa que al privatizar la firma se contemplen la Ley 23.696 y sus modificatorias, “debiendo cumplir, a tales efectos, con las prescripciones que surgen de dicha norma y las establecidas por los artículos 11 a 14 de la Ley 27.742”, de Bases y Puntos de Partida para los Argentinos.
