“A dónde vayan los iremos a buscar”, cantó el recinto de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires. Fue en el marco de una nueva sesión donde se aprobó una moción para la conformación de una comisión que analice el comportamiento del diputado libertario Guillermo Castello y evaluar, incluso, su posible expulsión del cuerpo.
El pedido de expulsión
La iniciativa la promovió el presidente del bloque de Unión por la Patria, Facundo Tignanelli, luego de que Castello llamara “terrorista asesino” a Rodolfo Walsh en pleno homenaje a su trayectoria y tratamiento del proyecto para expropiar la que fue su última casa en el partido de San Vicente y establecer un nuevo Sitio de la Memoria. A su vez, acusó al peronismo de promover represión y tortura en la década de los años setenta e instó a la presunción de que los crímenes de la dictadura-cívico militar que transcurrió entre 1976 y 1983 tenían un justificativo.
“Todas las estupideces dichas por el diputado propinante serán respondidas, pero en esta oportunidad que el Secretario Legislativo lea el artículo 212 del reglamento por configurarse algunas cosas que el artículo plantea y solicito poner en consideración una moción para cumplimentar lo que dice el artículo”, pidió Tignanelli luego de que Castello lo acusara, también, de definirlo como “defensor de genocidas”.
La agresión del diputado libertario
El propio titular del Cámara, Alejandro Dichiara, le pidió al libertario en reiteradas ocasiones que no se agresivo y no insulte para que así pueda terminar intervención que se vio interrumpida en reiteradas ocasiones por los cantos de diputados y parte del público, donde estaba, entre otras, Patricia Walsh, hija de Rodolfo.
No fue la primera vez que hizo uso de estos argumentos. En múltiples sesiones, Castello cuestionó la política de reparación de Derechos Humanos, insultó a las Abuelas y Madres de Plaza de Mayo y no avaló ningún homenaje a las víctimas de la última dictadura cívico-militar.
Los pedidos de sanción
Así, Gervasio Bozzano, al frente de la Secretaría Legislativa de la Cámara Baja, leyó el artículo 212 donde habla que, “ante faltas graves, usar las facultades que estipula el artículo 99 de la Constitución provincial y conformar una comisión”.
Consecuentemente, leyó el artículo 99: “Cada Cámara podrá corregir a cualquiera de sus miembros por desorden de conducta en el ejercicio de sus funciones, por dos tercios de votos; y en caso de reincidencia, podrá expulsarlo por el mismo número de votos”.
La votación fue nominal y se aprobó, más allá de que Castello protestó por considerar que se está censurando una visión de la historia y que él no es "antidemocrático".
Hubo acompañamiento de parte del radicalismo, entre ellos, de Diego Garciarena, titular del bloque responde a Maximiliano Abad, que tildó de “pavadas” los dichos de Castello. Una vez aprobada la moción, el presidente de la bancada UCR + Cambio Federal remarcó que “este debate que se acaba de dar justifica como nada que se expropie un bien para la memoria, porque lo que no podemos permitir es que desaparezca la memoria”.
Fueron varios legisladores los que plantaron bandera a favor de los Derechos Humanos y condenaron los dichos por Castello. Entre ellos, Maricel Etchecoin, titular del bloque de la Coalición Cívica que recordó cuando en agosto de 2003, la líder de su espacio, Elisa Carrió, votó la nulidad las leyes de Obediencia Debida y Punto Final que promovió el ex presidente Néstor Kirchner y dio inicio a los juicios por lesa humanidad que llevaron a una reparación histórica para miles de argentinos.
También tomó la palabra Susana González, legisladora del Frente Grande que comulga en las filas del intendente de Ensenada, Mario Secco. “Esto es típico de libertarios, que se la agarran con quien no se pueden defender, como hicieron hace poco con Hugo Arana y con Ginés González García”, comenzó su discurso la diputada.
“Tenemos que tener un acuerdo de convivencia democrática que sea un límite, esta situación no puede pasar más porque nos corren el arco”, exclamó González.
A pesar del acalorado intercambio que dio lugar a la conformación de una comisión que deberá designar Dichiara para analizar el comportamiento de Castello y tenga como misión determinar su destino, el proyecto de recuperar la casa de San Vicente de Rodolfo Walsh de la diputada de la Izquierda María Laura Cano Kelly consiguió la media sanción y pasó al Senado.
