El Gobierno ratificó la denuncia penal que realizó después de chequear que casi el 50% de los comedores a cargo de los movimientos sociales y piqueteros, a los que asistía la gestión anterior con “alimentos frescos”, no existían, habían cerrado sus puertas, sus referentes se mudaron de barrio o sus domicilios eran inexistentes.
En el marco de la demanda que impulsa el Ministerio de Capital Humano, esa misma cartera presentó ayer más pruebas que involucrarían a dirigentes sociales y ex funcionarios del Gobierno de Alberto Fernández en la distribución de comida a comedores y merenderos comunitarios que “no estaban validados,” sostuvieron en los tribunales de Comodoro Py.
De esa manera, indicaron que las pruebas colectadas y las auditorías ordenadas por la ministra Sandra Pettovello, los lleva a concluir que: “Todo esto parece ser un plan sistemático para cometer varios hechos de corrupción contra el pueblo argentino, violentando derechos humanos como la alimentación, la libertad, la dignidad y el trabajo de los sectores más vulnerables”.
La presunción es que los dirigentes sociales continuaban recibiendo las partidas de comida a pesar de que la mitad de los supuestos comedores no estaban operativos.
En la documentación aportada se señala que “varios comedores fueron inscriptos por diferentes organizaciones sociales”. Según las auditorías ordenadas por la ministra Pettovello apenas el 8% de estas partidas de alimentos, que salían de los depósitos de la ex cartera de Desarrollo Social eran rendidas.
“Sólo se pudieron relevar el 52,3% de los comedores. El restante 47.7% no funciona más como tal; el 25% de las direcciones no existen o nunca funcionó un merendero”, detalla la presentación.
En tal sentido, en la demanda penal que recayó en el juzgado de Ariel Lijo, y que está delegada en la fiscalía federal de Ramiro González, concluyeron que se trata de “comedores fantasmas”.
Más pruebas
Leila Gianni, subsecretaria legal de Capital Humano, además de ratificar la denuncia, ayer presentó nueva documentación que acreditaría que miles de toneladas de alimentos tuvieron un destino, como mínimo incierto.
En la presentación se remarca que desde el entonces Ministerio de Desarrollo Social no se efectuaba un seguimiento sobre los alimentos que se suponía, debían estar destinados a las familias más vulnerables.
Los dirigentes sociales que están en la mira
“Estos comedores, que estaban en el Registro Nacional de Comedores y Merenderos (RENACOM) eran representados por organizaciones sociales, siendo estas las que recibían los alimentos secos o el dinero, según el caso. Una vez recibido dinero o alimentos, no existía un control por parte del Estado nacional sobre si los comedores que estas organizaciones aducían representar, recibían efectivamente los alimentos, conforme lo aportado en esta causa se puede observar, como muchos de los comedores inexistentes estaban representados por estas a quienes ellas decían asistir”, sostuvo en la ratificación de la denuncia en la que se solicita investigar el presunto “incumplimiento a los deberes de funcionario público” y “fraude a la Administración Pública”.
La legislación impone que los funcionarios que autorizaban la salida de esos insumos de primera necesidad debían tener “trazabilidad”, es decir, a qué comedores eran destinados, quiénes eran los responsables de los establecimientos y a cuántas personas se asistían. Según Capital Humano, en el 92% de los casos eso no sucedió.
Una semana atrás, la cartera de Pettovello presentó ante el fiscal Ramiro González planillas Excel con 1.201 lugares “no validados”, sus direcciones y las organizaciones que los inscribieron en el Registro Nacional de Comedores y Merenderos (RENACOM).
En el Gobierno creen firmemente que los bolsones de alimentos que debían ser destinados a los más pobres, se empleaban como herramienta extorsión, como quedó plasmado en la causa investigada por el fiscal Gerardo Pollicita; o se comercializaban, como también fue denunciado en ese expediente que tiene como imputados a 28 dirigentes del Polo Obrero, el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) y Barrios de Pie y en el cual se impuso el “secreto de sumario” y se aceptó como querellante al Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello.
Las organizaciones sociales vinculadas a los más de mil “comedores fantasmas”, están vinculados a organizaciones como el Movimiento Evita que conduce Emilio Pérsico (ex secretario de Economía Social); la CTEP y el MTE referenciados con Juan Grabois; la Corriente Clasista y Combativa (CCC) coordinada por el ex diputado Juan Carlos Alderete; Barrios de Pie cuyo coordinador nacional es el ex también ex funcionario de la Cartera de Desarrollo Social, Daniel Menéndez y Eduardo Belliboni, titular del partido troskista Polo Obrero.
Funcionarios de Alberto en el ojo de la tormenta
Desde la cartera que conduce Petovello le recordaron a la fiscalía que “la normativa de la Administración Pública Nacional establece que, si se tienen rendiciones de cuentas pendientes con el Estado Nacional, de fondos recibidos, habiendo vencido los plazos para la presentación de las mismas, no se puede continuar recibiendo dinero”.
Así fue como dieron a entender que sucedió durante la administración de Alberto Fernández. Y los mayores involucrados serían sus tres ministros de Desarrollo Social fueron: Daniel Arroyo, Juan Zabaleta y Victoria Tolosa Paz.
“Se puede observar una vez más, como estas organizaciones sociales levantando la bandera de la justicia social lucraron con el hambre de los sectores más vulnerables”, indica el Ministerio de Capital Humano en la ratificación de la denuncia y el aporte de pruebas adicionales sobre el supuesto andamiaje de corrupción que involucraría a exfuncionarios y dirigentes sociales.
Asimismo, muchas de estas organizaciones eran cooperativas creadas recientemente, sin historial alguno, y recibían la habilitación a través del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) que estaba a cargo de otro dirigente del Evita, Alexandre Roig.
“Una vez recibida tal habilitación, se presentaban en el Ministerio de Desarrollo Social para pedir líneas de crédito, en distintas materias, alimentos, guardapolvos -hechos que ya fueron denunciados y tramitan en este fuero, pero no vinculados a la presente (causa). Todo esto indica que pareciera ser un plan sistemático para cometer varios hechos de corrupción contra el pueblo argentino, violentando derechos humanos como la alimentación, la libertad, la dignidad y el trabajo de los sectores más vulnerables”, añadió el texto de la demanda penal.
Según el Gobierno de Javier Milei, los dirigentes sociales era los “intermediarios entre la asistencia social del Estado y el real beneficiario (…) Eran las organizaciones sociales las que convenían con el Estado Nacional con la excusa de representar a una cantidad de comedores inscriptos en el RENACOM”.
En ese sentido, le alertaron al fiscal del caso que “algunos de esos comedores existían y otros tantos no, o algunos que dejaron de funcionar, y ninguna autoridad estatal detectó”. “Aun así -se sostuvo ante la fiscalía- habiendo comedores que existían y que estaban debidamente matriculados y respondían a una organización social, en las auditorías de Capital Humano referentes a dichos comedores refirieron nunca haber recibido ningún tipo de alimento. Tampoco existía una base de datos sistematizada que nucleara a toda la información, no se había controlado la cantidad de personas que asistían a los comedores que declaraban en las planillas de inscripción y que, en función de esa cantidad, la organización solicitaba al Estado kilos de alimentos y transferencia de dinero para adquirir alimentos”.
Por último, desde la subsecretaría legal de Capital Humano también le refirieron al fiscal González que en el ex ministerio de Desarrollo Social: “No había control alguno que refiriera sobre la existencia de algún tipo de incompatibilidad que tornara legal dicho otorgamiento de asistencia. No se corrobora si los titulares de organizaciones sociales eran funcionarios de cualquier organismo del Estado”.
