La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunció este jueves una significativa modificación en la normativa que regula el accionar de la Prefectura, permitiéndoles ahora el uso de "todo tipo de armas" durante las operaciones de patrullaje fluvial. Este cambio revierte una disposición implementada durante la gestión de Sabina Frederic, que previamente limitaba el uso exclusivamente a armas cortas durante la presidencia de Alberto Fernández.
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En un anuncio oficial, Bullrich comunicó que "mañana en el Boletín Oficial se publicará una resolución para que Prefectura pueda usar todo tipo de armas de fuego y no solo las armas cortas que hoy tiene permitido". La ministra enfatizó que esta medida tiene como objetivo dotar a la Prefectura de herramientas más efectivas y adecuadas para enfrentar situaciones críticas en las que los barcos transportan cargamentos ilegales. Según Bullrich, las armas cortas no brindaban el alcance necesario en estos escenarios, colocando a los prefectos en una posición de desventaja operativa.
Durante una conferencia de prensa, Bullrich compartió detalles sobre la motivación detrás de esta decisión, indicando que "las cortas no tienen el alcance necesario para los barcos con cargamentos ilegales". Además, destacó la importancia de evitar situaciones en las que los delincuentes han logrado escapar debido a la disparidad en el uso de armas entre la Prefectura y aquellos involucrados en actividades ilegales, como el contrabando de materiales o drogas en el país.
La ministra remarcó que la modificación normativa busca garantizar la seguridad y eficacia de las fuerzas de seguridad en las operaciones fluviales, trabajando para que "este tipo de situaciones no se vuelvan a repetir".
Para cerrar, la líder de la coalición Juntos por el Cambio expresó su compromiso en arreglar la situación y readecuar las tarifas para superar los desafíos derivados de la suspensión de los subsidios nacionales. Además, hizo hincapié en la determinación de la provincia para no permitir intromisiones en su sistema productivo, defendiendo la autonomía y el desarrollo económico regional.
La ONU advierte a Patricia Bullrich: "No imponga restricciones indebidas"
Ante las protestas de sindicatos y grupos sociales, la organización internacional declaró "ilegal" el protocolo antipiquetes propuesto por la Ministra de Seguridad.
La actual Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunció el pasado 14 de diciembre la implementación del protocolo anti-protestas, una medida destinada a imponer "multas" a las organizaciones sociales y que se oficializó en el Boletín Oficial la Resolución 943/2023 con el objetivo de darle inicio a la implementación del nuevo protocolo de "tolerancia cero" para el mantenimiento del orden público frente a bloqueos de vías de circulación.
“Que las cuatro fuerzas federales más el Servicio Penitenciario Federal van a intervenir frente a cortes, piquetes o bloqueos sean parciales o totales. La ley no se cumple a medias, se cumple o no se cumple, nosotros la vamos a cumplir”, había asegurado Bullrich durante el anuncio de las medidas el pasado 14 de diciembre. Además, agregó que "se va actuar hasta dejar totalmente liberado el espacio de circulación. Para llevar a cabo estas medidas, las fuerzas emplearán la mínima fuerza necesaria y suficiente. Será graduada en proporción a la resistencia".
Esta serie de decisiones tomadas por la Ministra no fue bien recibida por la Organización de Naciones Unidas (ONU), que instó al gobierno de Javier Milei a revisar las disposiciones, señalando que no cumplen con los estándares internacionales, y aconsejándole que "evite imponer restricciones indebidas al derecho a la libertad de reunión pacífica".
El documento, firmado por los relatores Clement Nyaletsossi Voule (Libertad de reunión pacífica y de asociación), Irene Khan (Promoción y Protección del derecho a la libertad de opinión y expresión) y Mary Lawlor (Situación de los defensores de Derechos Humanos), fue dado a conocer recientemente a través de un tuit de Voule. Este relator ya había expresado críticas al protocolo anti-manifestaciones anteriormente, lo que generó molestias en Bullrich.
Las Naciones Unidas analizaron detalladamente cada artículo del protocolo implementado por Bullrich el 20 de diciembre pasado: "El derecho a la reunión pacífica, junto con otros derechos conexos, constituye el fundamento mínimo de un sistema de gobierno participativo basado en la democracia, los derechos humanos, el respeto de la ley y el pluralismo", afirmaron los tres expertos en la comunicación dirigida al Estado argentino.
