Otro escándalo por sobreprecios envuelve a Sandra Pettovello por estas horas. Constanza Cassino, subsecretaria de Gestión Administrativa de la Secretaría de Niñez y Familia, presentó su renuncia tras un requerimiento de la ministra de Capital Humano.
La decisión se produjo después de que salieran a la luz detalles sobre gastos controvertidos, como la adquisición de una cafetera por casi 2 millones de pesos y un servicio de catering para un evento que costó 3 millones de pesos.
Este último gasto correspondió a un servicio destinado a alimentar a funcionarios y representantes de distintos organismos que se reunieron con Yanina Nano Lembo en el marco del Consejo Federal de Desarrollo Social. La compra incluyó 50 desayunos, 100 almuerzos y 50 coffee breaks, según consta en la factura emitida el 17 de octubre.
Un hecho que choca contra el relato de “austeridad”
Desde el martes, varios medios y redes sociales difundieron documentos relacionados con estos gastos, lo que generó críticas hacia la funcionaria. La ministra Pettovello, que actualmente se encuentra de gira en Europa, no tuvo otra alternativa que reaccionar de inmediato, pidiendo la renuncia de Cassino, en medio de otro episodio que choca con el relato de austeridad impulsado por el gobierno.
Cassino presentó su renuncia a través del sistema interno del estado, dirigiéndose a su superior, Yanina Nano Lembo, responsable de la coordinación administrativa.
El gasto más cuestionado fue la cafetera automática, comprada el 21 de octubre. Este modelo, una Philips con molinillo EP 2231, fue cotizado en casi 2 millones de pesos, mientras que en línea se puede encontrar a alrededor de 500 mil pesos.
Las críticas sobre estos altos costos, en un contexto donde el gobierno aboga por el ajuste y el déficit cero, desataron una ola de comentarios en las redes sociales y un notable malestar.
El revés de Pettovello con los planes Potenciar Trabajo
El Estado nacional, especialmente Javier Milei y la ministra de Desarrollo Humano, Sandra Pettovello, recibió una condena de la justicia federal de Corrientes por retirar, mediante información falsa, los planes Potenciar Trabajo a aproximadamente 500 correntinos. Las autoridades alegaron que estos beneficiarios cometieron fraude al recibir el plan, argumentando que eran empleados provinciales. Sin embargo, esta afirmación resultó falsa, ya que muchos trabajaron en el sector hace 10 o 20 años.
La justicia ordenó la restitución del plan y el pago de los cuatro meses adeudados, incluyendo los intereses correspondientes. Los afectados iniciaron una demanda por daños y perjuicios, calumnias e injurias contra los funcionarios, después de que los incluyeron en una lista de supuestos defraudadores.
El periodista correntino Javier Burchinsky reveló el caso, y los trabajadores afectados contaron con la representación de Juan Manuel Cubilla Podestá. El juez federal Juan Carlos Vallejos emitió una medida cautelar a principios de año para la restitución del plan, aunque no ordenó el pago de los cuatro meses adeudados. La Cámara de Apelaciones, compuesta por Mirtha Sotelo, Serva Spessot y Luis González, reconoció el carácter alimentario del plan y ordenó el pago correspondiente.
