La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, se enfrenta a nuevos problemas legales que le generan sobresaltos en su receso vacacional. El juez Enrique Lavié Pico decidió habilitar excepcionalmente la feria judicial este jueves para tratar el reclamo de 63 comedores comunitarios, que exigen ser reincorporados al registro oficial para recibir alimentos. Esta solicitud llega después de que el gobierno implementara un ajuste fiscal que recae sobre los sectores más vulnerables.
La solicitud fue presentada por organizaciones sociales que representan a los comedores de la Federación de Cooperativas de Reciclado Limitada (Faccyr). En consecuencia, el ministerio encabezado por Pettovello tiene plazo hasta este viernes para responder a la demanda, en un nuevo capítulo de la disputa legal entre las agrupaciones sociales que reclaman alimentos para sus centros y la ministra.
A pesar de estar registrados, dejó sin asistencia a niños, adultos y mayores
Los comedores involucrados en el reclamo están registrados en el Renacom y han presentado la documentación requerida para seguir recibiendo alimentos como lo hacían hasta el momento. Sin embargo, Pettovello suspendió la asistencia, dejando sin recursos a niños, adultos y mayores que diariamente dependen de estos lugares para acceder a un plato de comida.
El juez Lavié Pico aceptó el reclamo y fundamentó su decisión en un dictamen donde destacó que "los argumentos presentados para habilitar la feria judicial tienen suficiente peso como para tomar esta medida excepcional". Además, remarcó que "la demora ocasionada por el receso judicial en la tramitación de este caso representa un riesgo concreto e inminente de vulnerar derechos".
La denuncia anterior de comedores
El conflicto de los que asisten alimentariamente a los más vulnerables con Sandra Pettovello no es nuevo. En mayo del año pasado, organizaciones sociales denunciaron meses atrás el acopio de grandes cantidades de alimentos por parte del gobierno. El dirigente social Juan Grabois también presentó una denuncia contra la ministra por "incumplimiento de los deberes de funcionario público" y por suspender la entrega de alimentos esenciales a los comedores.
En medio de estas tensiones, el juez federal Sebastián Casanello le había dado al gobierno 72 horas para presentar un informe detallado sobre los alimentos almacenados y un plan de distribución. Sin embargo, la administración libertaria no cumplió con la solicitud.
El Gobierno se niega a abastecer los comedores populares que han sido gestionados por organizaciones sociales, especialmente aquellas vinculadas a la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), liderada por Juan Grabois. Esta decisión, considerada "política" por la oposición, busca "ahogar" a los comedores relacionados con grupos opositores, lo que genera un alto costo para quienes dependen de ellos para su sustento alimentario.
