El ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, informó que el country Abril Club de Campo, un famoso barrio privado de la zona sur del conurbano bonaerense, fue multado por más de 2 millones de pesos.
De acuerdo a la información oficial, la multa aplicada corresponde por "obstruir la labor de inspección y negarse a presentar la documentación de ingreso de las trabajadoras de casas particulares del lugar".
Los inspectores se presentaron en dos oportunidades en las puertas del country Abril en el año 2021, el 14 de octubre y el 17 de noviembre, para certificar que las condiciones laborales de las empleadas domésticas eran las adecuadas.
Luego de solicitarle dicha documentación a la administración del lugar, en ambas ocasiones le fue negada a los inspectores. Por este motivo, el country será sancionado con una multa cuyo monto exacto asciende a $2.438.321.
Abril es uno de los barrios cerrados más exclusivos de zona sur, los alquileres de propiedades en miles de dólares mensuales lo hace uno de los más caros. El lugar es famoso por la cantidad de celebridades, jugadores de fútbol y empresarios de todo tipo que lo eligen para alojarse.
Servicio doméstico: uno de los sectores más afectados por la informalidad laboral
En un comunicado oficial, el ministerio aclaró que "Los elevados niveles de informalidad y las vulneraciones a derechos laborales en esta actividad habilitan la intervención del Ministerio de Trabajo en ejercicio de su poder de policía lo que lo faculta -según el artículo 7 de la Ley 25212-, a requerir toda información necesaria que le permita cumplir con su función de contralor".
Sobre este y otros casos similares que pululan en el sector, la ministra de trabajo bonaerense, Mara Ruíz Malec, afirmó: "Estas trabajadoras son de unos de los sectores más vulnerables, ya que la mitad de ellas viven en hogares que se encuentran debajo de la línea de la pobreza. Pese a que tienen trabajo, son pobres. Garantizar su cobertura en la seguridad social y el ejercicio de todos sus derechos es prioridad de este gobierno".
En esta línea agregó: "los montos por los cuales se las registran son poco significativos para muchos que las contratan, hablamos de $3.000 pesos por mes en los casos más caros. No hay excusa para no registrarlas, es una obligación y además existen muchas facilidades".
"El sueldo y el aporte se pueden descontar de ganancias, y el Estado le da parte del sueldo de la trabajadora, entre otros beneficios. Estamos yendo a los segmentos de mayor poder adquisitivo para proteger a los de menor poder adquisitivo. No hay mayor justicia social que esa", concluyó la funcionaria.
