Este viernes el Ministerio de Capital Humano, anunció la suspensión del pago a 4.588 titulares del plan "Potenciar Trabajo", luego del resultado de una investigación llevada adelante por el fiscal Guillermo Marijuán.
Luego del entrecruzamiento de datos realizado por orden judicial, se encontró que estas personas eran empleados públicos en 14 provincias. Desde el lanzamiento del plan, se había anunciado que uno de los principales requisitos para acceder al beneficio, era no tener un empleo registrado.
Las 14 provincias investigadas hasta el momento son Mendoza, Misiones, Entre Ríos, Tucumán, Río Negro, Jujuy, Provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Corrientes, Formosa, Salta y Santa Cruz.
Días atrás, el vocero presidencial Manuel Adorni ya había advertido que se estaba llevando adelante una auditoría sobre los beneficiarios de dicho programa. "El Estado inicia la auditoría en todos los planes sociales de Potenciar Trabajo, que son más de 1 millón, para detectar irregularidades o planes mal asignados", sostuvo el funcionario.
En esta línea, destacó el trabajo de investigación llevado adelante por el fiscal Marijuán, "donde se acreditó que 8 mil personas además de cobrar el plan tienen alguna relación laboral con alguna de las dependencias del Estado". "La fiscalía calculó que 160 mil beneficiarios tenían el plan de manera ilegítima, pues tenían consumos que no tenían concordancia, por ejemplo viajes al exterior", remarcó.
La investigación de Guillermo Marijuan
La autoridad judicial solicitó información relevante a todas las provincias y a la ciudad de Buenos Aires, cotejó la información ya recibida e identificó irregularidades.
El fiscal investiga un posible "incumplimiento de deberes" por no supervisar al funcionario y "fraude"; y ya ha identificado 8.535 casos. Se trata de una investigación inicial en la que solicitó una suspensión o acuerdo de revocación de beneficios en casos identificados y remitidos a los fiscales federales de cada jurisdicción.
Marijuán ya presentó una denuncia penal, que se tramita en el Juzgado Federal de María Servín, contra los responsables de supervisar el otorgamiento de planes sociales. Lo hizo tras descubrir que casi 160.000 beneficiarios de Empower Work habían viajado al extranjero, muchos de ellos "múltiples veces".
Un miembro del ministerio solicitó una investigación sobre las "presuntas actuaciones ilegales de los funcionarios responsables de la adjudicación y/o seguimiento del programa de trabajo Empower, que básicamente se tipifica como delito de incumplimiento de deberes de funcionario público".
