La situación en Misiones es particularmente tensa. A pesar de que el gobernador Hugo Passalacqua logró un acuerdo con los gremios docentes y anunció un aumento salarial, las negociaciones con los delegados de la policía local fracasaron.
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Ramón Amarilla, vocero de los manifestantes policiales, advirtió sobre posibles consecuencias graves debido a lo que considera una propuesta gubernamental "irrisoria". Amarilla criticó la falta de voluntad política para resolver el conflicto y señaló que "la oferta no alcanza para cubrir las necesidades básicas de los policías".
A las protestas de la policía se sumaron docentes y trabajadores de la salud, quienes también demandan mejoras salariales. El Gobierno había prometido una recomposición salarial para todo el sector público, pero la situación se complicó con la revuelta de una facción de uniformados y la participación de algunos docentes y beneficiarios de planes sociales.
Los manifestantes argumentan que la oferta del Gobierno no es suficiente para pasar la línea de pobreza, exacerbando así la tensión social en la provincia.
Movilizaciones y protestas contra los aumentos en diferentes provincias del país
En Corrientes, el malestar también se siente entre las fuerzas de seguridad. Policías de Corrientes, junto con docentes y empleados públicos, manifestaron su descontento y se espera que inicien protestas en las próximas horas. Una reunión importante está programada para este miércoles en el Ministerio de Seguridad de la provincia, donde referentes policiales y la cúpula analizarán posibles incrementos salariales.
El gobernador Gustavo Valdés anunció un aumento del 10% en el sueldo de los empleados estatales a partir de mayo, con la promesa de más incrementos en junio. Valdés remarcó que "estos aumentos incluirán los pluses salariales y que seguirán apoyando el esfuerzo del empleado público". Sin embargo, este anuncio no fue suficiente para calmar los ánimos, ya que muchos trabajadores sienten que sus ingresos siguen siendo insuficientes para cubrir sus necesidades básicas.
Protestas por el aumento de la electricidad en Pinamar
En Pinamar, la indignación por los aumentos en las tarifas de electricidad llevó a los vecinos a protestar frente a la Cooperativa de Agua y Luz de Pinamar Ltda. (CALP). Los manifestantes expresaron su frustración por las abultadas facturas y exigieron una solución inmediata. La situación se intensificó cuando la policía formó un cordón de seguridad frente a las oficinas de la empresa.
Bruno Nicolini, presidente de la CALP, explicó a la prensa local que "los aumentos son consecuencia de las políticas del Gobierno" y que "la cooperativa no fija las tarifas ni el valor de la energía". Los vecinos, sin embargo, exigieron un plan de pagos en cuotas, argumentando que las facturas actuales son imposibles de pagar.
Hasta ahora, la cooperativa no respondió a esta demanda, dejando a los pinamarenses en una situación incierta y preocupante.
Conflicto salarial de empleados y funcionarios en Mendoza
En Mendoza, la disputa salarial también cobró fuerza ya que empleados y funcionarios judiciales votaron en una asamblea continuar con un paro que ya lleva dos semanas, en demanda de un aumento de sueldo. El gobierno provincial, al igual que en Misiones, decretó una suba del 10%, pero los gremialistas aseguran que esta medida es insuficiente y que, en el bono de sueldo, representa menos de lo esperado.
La medida de fuerza afectó gravemente el funcionamiento de la justicia, con varias oficinas fiscales cerradas debido a la falta de personal. Los trabajadores judiciales argumentan que la mayoría de ellos se encuentra por debajo de la línea de pobreza y que el aumento decretado no alcanza para cubrir la canasta básica.
Al anunciar el decreto del Gobierno que fue rechazado por los trabajadores judiciales, se especificó lo siguiente: "Estamos en alrededor de un 19,5% de aumento, muy lejos de las expectativas de los judiciales. En realidad, como empleados necesitaríamos un 240% de aumento para equiparar el poder adquisitivo que teníamos en enero de 2023", explicó el secretario general del gremio judicial, Ricardo Babilón.
Posibles manifestaciones en Salta, Tucumán y la provincia de Buenos Aires
Se espera que en las próximas horas los policías de Salta y Tucumán también inicien un proceso de negociación salarial, adoptando una postura más firme y sin descartar posibles medidas de protesta.
Al mismo tiempo, se comenzó a rumorear en la Policía Bonaerense la posibilidad de que se produzcan acciones de reclamo en los próximos días, a pesar del reciente aumento salarial anunciado por la gestión de Axel Kicillof.
Los miembros de todas las categorías de la Policía Bonaerense verán un aumento salarial del 7,5% este mes, aunque el impacto se reflejará en sus bolsillos a partir de julio debido a las deducciones de la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de las Policías.
