A una semana de que estallara el escándalo que dejó en evidencia que Mauricio Macri colaboró en el golpe de Estado contra Evo Morales, el expresidente terminó siendo imputado por "contrabando agravado".
El fiscal de la causa, Claudio Navas Rial decidió impulsar una investigación penal en base a la denuncia presentada por el Gobierno Nacional y no solo se enfocará en el rol del exmandatario, sino también en el de la exministra de Seguridad, Patricia Bullrich y el exministro de Defensa, Oscar Aguad. También serán investigados Normando Álvarez García, embajador argentino en Bolivia en ese momento y el excomandante de la Gendarmería, Gerardo Otero.
El fiscal escribió en un comunicado: "Entiendo que, dentro del esquema esgrimido por los denunciantes, una maniobra hipotética como la que cabe investigar deberá haber contado con algún aval de concierto de quien ejercía entonces el cargo del Presidente de la Nación y, de suyo, el de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Mauricio Macri".
Lo que quiere decir el letrado es que la Gendarmería no pudo haber sacado nunca 70.000 balas antimulto en medio de un golpe de Estado en un país vecino sin antes haber tenido luz verde de parte de Macri.
Por otra parte, Bullrich fue imputada por autorizar la partida del contingente de gendarmes que llevó el material bélico. Una parte del armamento apareció en un depósito de la Policía de Bolivia y el resto estaba en manos de la Fuerza Aérea Boliviana, según la carta de agradecimiento que se halló en la embajada.
Al mismo tiempo, con Aguad y Álvarez García ocurre lo mismo, el fiscal quiere que den explicaciones sobre el caso y por que pusieron a disposición de Gendarmería un avión Hércules C-130 para llevar a los efectivos, las armas y los pertrechos.
