Luego de que el Gobierno anunciara este jueves que impulsará el cierre del Instituto contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi) como parte de la reducción de la estructura estatal que decidió el presidente Javier Milei, la respuesta de la oposición no tardó en llegar.
Según advirtieron los referentes que se ubican en la vereda de enfrente a sus ideales, la medida solo puede llevarse a cabo por medio de una ley, la vía por la cual el organismo fue creado en 1995 (ley 24.515), y la cartera de Justicia respondió que "su supresión se hará de la manera que corresponda de acuerdo a la legislación vigente".
La eliminación del Inadi estaba contemplada en el artículo 348 de la fallida Ley "Bases", más conocida como "Ley Ómnibus". En ella decía expresamente: "Derógase la Ley N° 24.515".
Una de las reacciones más fuertes fue la de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), que sostuvo que la medida "atenta contra la protección del derecho a la igualdad y la convivencia pacífica de nuestra sociedad que es ejemplo a nivel mundial".
"La discriminación en la Argentina es un problema que sufren diversos colectivos. Por eso la DAIA, junto a otras organizaciones, impulsó hace casi tres décadas la creación del Inadi, un verdadero ejemplo en el mundo", dijo.
Si bien el Gobierno anunció esta mañana, por medio de su portavoz, Manuel Adorni, "el desmantelamiento de diferentes institutos que no sirven para nada o son grandes cajas de la política o lugares para generar empleo militante", esta tarde se aclaró que las funciones del INADI serán asumidas por el Ministerio de Justicia, que además absorberá al personal del ente que sea "idóneo, responsable y comprometido".
La cartera que conduce Mariano Cúneo Libarona ratificó la decisión de cerrar el organismo y anunció que absorberá a parte de su personal.
"Es una prioridad de este Ministerio cuidar de manera muy eficiente a toda persona que sufra cualquier tipo de discriminación, xenofobia y/o racismo", sostuvo Cúneo Libarona en un comunicado.
En el mismo comunicado se sostuvo que "las funciones que cumplía el INADI se llevarán a cabo a través del Ministerio de Justicia que cuenta con personal preparado para realizar eficazmente la tarea".
"En relación con el recorte de gastos en el organismo, la cartera de Justicia ya redujo el personal (de 430 a 355) y los sueldos y además se pidió la renuncia a todos los delegados. También se redujo la cantidad de alquileres inútiles, concebidos con fines políticos, ajenos a la tarea del organismo, y rescindimos distintas contrataciones. Todo esto redundará en un ahorro para el Estado y la sociedad", explicaron en el escrito.
Repercusiones sobre el cierre del INADI
El jefe del bloque de Unión por la Patria en la Cámara de Diputados, Germán Martínez, fue de los primeros en repudiar la decisión del presidente Javier Milei al sostener que el Gobierno “va camino a ser el más discriminador, xenófobo y racista de la historia democrática".
Seguido de Martínez, el diputado Leandro Santoro también lamentó la decisión y sugirió abrir el diálogo con la DAIA respecto al desmantelamiento del instituto. “Eliminar burocracia? Perfecto. Reducir cargos políticos? Ok. No designar gente q no sabe del tema? Obviamente. Pero cerrar el INADI está mal”, enfatizó a través de una publicación en redes.
“Le preguntaron a la @DAIAArgentina qué opina? Pregúntele a la comunidad Judía si la discriminación no es un flagelo en nuestro país”, completó.
En tanto, el diputado nacional del Partido Socialista de Santa Fe, Esteban Paulon, indicó que al ser el Inadi un organismo creado por ley, "el Gobierno no puede tomar unilateralmente" la decisión de cerrarlo.
En ese sentido, instó a que las organizaciones defensoras de derechos humanos a "alzar la voz para evitar este atropello inadmisible".
Por otro lado, una de las primeras en manifestar su apoyo a la medida anunciada fue la vicepresidenta, Victoria Villarruel, quien recordó un viejo posteo que hizo en la red "X", ex Twitter, y agregó: "Dijimos que lo íbamos a cerrar, incluso antes de ser diputados".
El legislador Ramiro Marra también celebró la decisión y aseguró que se trata de un organismo manejado por el kirchnerismo “para perseguir a quien pensara distinto”. “En lo personal, me armaron una denuncia por decir en TV que los piqueteros eran delincuentes y deberían ir presos”, completó.
Otro que se manifestó a favor fue el diputado de Juntos por el Cambio José Luis Espert, quien justificó que el INADI “nunca hizo nada para evitar la discriminación” y que solo fue “un aguantadero kirchnerista”.
