El presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Martín Menem, convocó a una sesión especial este miércoles 31 para debatir la Ley de "Bases y Principios para la Libertad de los Argentinos" más conocida como Ley Ómnibus en el recinto. La sesión tendrá lugar a partir de las 10 horas y llevará 30 horas de discusión, según se informó oficialmente.
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Mientras tanto, el oficialismo lleva adelante las negociaciones con los bloques opositores considerados “dialoguistas” que tienen diferencias con el proyecto de Ley Ómnibus.
Según trascendió, el martes tendrá lugar la reunión de Labor Parlamentaria para ordenar el debate con los presidentes de los bloques del Pro, la UCR, Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal y así ultimar los últimos detalles de la iniciativa de la ley de "Bases" a fin de que se trate en el recinto esta semana.
Esto se da luego del anuncio del ministro de Economía, Luis Caputo, que en conferencia de prensa el pasado viernes confirmó que el Gobierno decidió retirar el capítulo fiscal del proyecto para que sea aprobado en ambas Cámaras.
Siguiendo esta línea, no se van a tratar los artículos que refieren al paquete fiscal que fue retirado por el oficialismo que establecían una aumento de las retenciones agropecuarias, un nuevo mecanismo de actualización de las jubilaciones desde abril, el blanqueo de capitales, los cambios en el Impuesto a los Bienes Personales y la moratoria.
Por estas horas se reúnen los gobernadores de Juntos por el Cambio (JxC) y el de Córdoba, Martín Llaryora, así como también los legisladores de la UCR, el PRO, Hacemos e Innovación para encontrar una postura común como bloque. Vale aclarar que ya habían marcado anteriormente sus diferencias respecto al aumento de las retenciones agropecuarias y el nuevo mecanismo de ajuste de los haberes previsionales.
Luego de la decisión del Gobierno de retirar el capítulo fiscal, se abrió una nueva etapa de diálogo con estos sectores que son clave para lograr el quórum para que se de tratamiento esta semana de la ley, cuyo debate tiene como foco la privatización de más de 40 empresas estatales así como también delegar facultades al Poder Ejecutivo.
