La justicia le ordenó al ministro de Defensa, Luis Petri, que preserve toda la documentación que pueda servir para investigar los crímenes de la dictadura. En el edificio Libertador, vienen desde marzo desarmando la política de memoria, verdad y justicia que venía implementando la cartera desde hace catorce años para dar lugar a una reivindicación del accionar de las Fuerzas Armadas –con las que el presidente Javier Milei llamó a reconciliarse el 2 de abril pasado y con las que se abrazó en el desfile militar de la semana pasada.
La medida del juez Kreplak
El juez federal de La Plata Ernesto Kreplak dictó una medida de no innovar para que el ministerio de Defensa no pueda modificar, mudar, alterar y/o introducir cambios a la documentación sobre los años del terrorismo de Estado. Eso incluye el trabajo de los Equipos de Relevamiento y Análisis (ERyA) documental, que Petri comenzó a desmantelar a finales de marzo pasado. A sus integrantes los acusó de hacer “macartismo” dentro de las Fuerzas Armadas porque contribuían a las investigaciones sobre crímenes contra la humanidad.
Para Kreplak, la situación justifica adoptar una medida cautelar. “El hecho de que todavía se desconozca el paradero de un considerable número de personas que, privadas de su libertad personal permanecen desaparecidas, o que por haber nacido durante el cautiverio de sus madres o haber sido secuestradas a una corta edad junto con sus familiares o cuidadores desconocen su verdadera identidad biológica, da cuenta de la relevancia que el mentado archivo documental denota para la continuación de la pesquisa”, señaló este lunes el juez en la resolución .
La medida había sido solicitada el viernes por el fiscal general Hernán Schapiro y la auxiliar fiscal Ana Oberlin –que intervienen en la unidad de La Plata dedicada a la investigación de graves violaciones a los derechos humanos. “La preservación de la documentación que se solicita en esta presentación es indispensable para la labor misma que lleva adelante este Ministerio Público Fiscal, para las personas victimizadas y para el trabajo que desarrolla el juzgado a su cargo. Por lo tanto, de no disponerse la prohibición de innovar podrían verse frustradas medidas pendientes y futuras”, le advirtieron a Kreplak.
La política de desmantelamiento de Petri
El requerimiento de la fiscalía se produjo porque Petri publicó el 4 de julio pasado la resolución 680 que oficializaba el desmantelamiento de los equipos de civiles que analizaban los archivos burocráticos de las fuerzas para aportar información a las investigaciones por secuestros, asesinatos, desapariciones y apropiación de niños y niñas durante el terrorismo de Estado.
En marzo de 2010, la entonces ministra de Defensa Nilda Garré firmó la resolución 308, que establecía la creación de un grupo de trabajo para relevar y analizar toda la documentación archivada y/o custodiada por las Fuerzas Armadas que pudiera tener valor histórico o judicial. Con esa disposición, Garré autorizó a los integrantes de los equipos a limitar el acceso temporal a dependencias e instruyó a los jefes militares a permitir el acceso irrestricto de los especialistas. Para quienes no querían metieran las narices en los papeles, fue una afrenta. Algo que recepcionó Petri y obró en consecuencia.
La resolución de Garré les dio inicialmente un plazo de seis meses a los grupos de trabajo para realizar su tarea. Sin embargo, el relevamiento inicial mostró que era un mandato muy exiguo. Todos los gobiernos –el de Cristina Fernández de Kirchner, el de Mauricio Macri y el de Alberto Fernández– fueron prorrogando la vigencia de los grupos de trabajo. El año pasado, el ministro Jorge Taiana les dio carácter permanente.
Como ha venido informando este diario, Petri decidió desarmar los equipos. Desde finales de marzo, echó a once expertos en el análisis de los archivos. El 4 de julio, esa decisión quedó plasmada en una resolución del Ministerio.
La resolución 680/2024, además de confirmar el desmantelamiento de los equipos porque tenían facultades “exorbitantes”, dispuso que la documentación quede bajo el ala del Sistema de Archivo de la Defensa (SAD). Recordó, además, que los requerimientos judiciales serán contestados por la Dirección de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario del Ministerio, que depende de la Secretaría de Estrategia y Asuntos Militares (SEAM). La dirección está a cargo de Lucas Miles Erbes, que fue de visita a la Unidad 34 de Campo de Mayo –donde están alojados represores de la última dictadura. El SEAM es el exjefe del Ejército Claudio Pasqualini, que se refiere a la dictadura como una “guerra sucia” y tiene a su yerno, Athós Renés, condenado a prisión perpetua por crímenes contra la humanidad.
El juez recordó que hay una obligación del Estado argentino de investigar las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante los años de la dictadura. En esa línea, resaltó que en 2017 el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas había manifestado su preocupación por el debilitamiento de oficinas públicas que daban apoyo a la investigación y le había recomendado al Estado argentino mantener las políticas de memoria.
En materia de archivos, Kreplak citó el informe sobre procesos de memorialización que confeccionó en julio de 2020 el jurista Fabián Salvioli –a cargo entonces de la relatoría especial de Naciones Unidas sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. En ese documento, el experto internacional dijo que los archivos son “un elemento crucial para permitir el conocimiento de la verdad y la reapropiación de la historia dentro de la sociedad”.
Después de que Petri desmantelara los equipos, hubo presentaciones de organismos de derechos humanos y de la legisladora porteña Victoria Montenegro a distintos órganos de Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos (OEA). La Defensoría del Pueblo de la Ciudad también le advirtió al ministro sobre su política.
La respuesta del Gobierno
Desde el gobierno responden que desarmaron los equipos porque no le corresponde al Poder Ejecutivo conducir investigaciones, algo que debería ser únicamente una facultad de la justicia. De forma contraria a esa interpretación, 36 fiscales firmaron una nota solicitándole al ministro que revisara su decisión y destacando los aportes de los equipos –que produjeron cerca de 180 informes para las causas de lesa. Miguel Palazzani, fiscal general a cargo de esas investigaciones en Bahía Blanca y Neuquén, fue el primero en pedirle a Petri que preservara la documentación.
Petri no es un lobo solitario dentro del gobierno de La Libertad Avanza (LLA). Todo indica que hay una decisión de obstaculizar las investigaciones y vedar el acceso a la verdad. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se jactó públicamente de no contribuir a la búsqueda de los bebés robados durante la dictadura.
Se filtró, además, un decreto que le quita facultades para investigar y para obtener archivos a la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi). Ante la posibilidad de su desguace, Kreplak también le ordenó al gobierno que resguarde toda la documentación que este organismo –creado a instancias de Abuelas de Plaza de Mayo– produjo o almacenó desde 1992.
Mientras la administración Milei pule el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) con el que piensa reformar los servicios de inteligencia, Alejandrina Barry –hija de personas asesinadas por la dictadura– le pidió al juez Sebastián Casanello que preserve esos archivos también.
