Sergio Uribarri, detenido junto a su cuñado, Juan Pablo Aguilera, desde el 19 de noviembre en la Unidad Penal 1 de Paraná quedó en libertad. Así lo determinó el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos. El fallo también benefició a Aguilera. El exfuncionario se encontraba detenido tras ser encontrado culpable por los delitos de peculado y negociaciones incompatibles con la función pública.
En plena feria judicial, los integrantes del Tribunal Leonardo Portela y Germán Carlomagno consideraron que no está acreditado el riesgo de fuga y dispusieron la libertad de los condenados. En disidencia, el juez Miguel Giorgio votó por el cumplimiento efectivo de la prisión preventiva.
Tanto Portela como Carlomagno entendieron que el criterio del riesgo de fuga que presentó la Fiscalía y que Casación tomó no se había acreditado de manera indubitable. De esta manera la Justicia dio lugar a la apelación presentada por la defensa del político.
Entre otros argumentos, Portela y Carlomagno explicaron que "no existe peligro de entorpecimiento en la investigación, ya que la etapa de investigación está clausurada" y que el "'peligro de fuga' que advierten los tribunales inferiores, no posee anclaje concreto en circunstancias de la causa".
"Resulta irrazonablemente arbitraria la medida cautelar de prisión preventiva decretada por la Cámara de Casación el 19/11/2024, que fundó tal decisión meramente en las características del hecho delictivo en cuestión, sin la existencia de un verdadero peligro de daño jurídico, lo que transforma a la medida en un anticipo de pena", remarcaron.
De esta manera, ambos condenados fueron puestos en libertad y fueron ordenados de cumplir las medidas restrictivas que impuso originalmente el Tribunal de Juicio. Así, esperarán al sentencia final de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que no dio plazos para pronunciarse sobre el caso.
El caso y la detención de Sergio Urribarri
Sergio Urribarri fue detenido el pasado 19 de noviembre por la Cámara de Casación Penal de Entre Ríos. Su detención se dio en el marco de la causa por su condena en 2022 a ocho años de prisión e inhabilitado a perpetuidad para ejercer cargos públicos. Lo dispuesto por la Casación provincial es una prisión preventiva ya que la condena todavía no se encuentra firme.
La detención se ordenó en el marco de la causa en la que la justicia de la provincia probó que Urribarri dispuso en forma ilegal de fondos públicos para financiar sus campañas electorales, a través de contratos de imprenta y publicidad. El exgobernador -que ocupó el cargo de embajador en Israel durante el gobierno anterior - fue condenado el 7 de abril de 2022 y esa sentencia fue confirmada por la Casación de Entre Ríos en 2023.
En la misma causa en la que está involucrado Urribarri, también fue removida de su cargo la fiscal anticorrupción Cecilia Goyeneche, que enfrentó un jury por mal desempeño. Goyeneche coordinó el equipo de investigadores que avanzó contra Urribarri, gobernador de Entre Ríos (2007-2015).
Luego de la Cámara de Casación de la provincia confirmara la condena de Urribarri, afirmó que toda la prueba de la causa fue “legítimamente reunida” y que a los acusados se les garantizó el debido ejercicio de su defensa. Según la Casación, esta investigación tuvo pruebas de “un volumen y contenido incriminador pocas veces visto en este tipo de hechos”.
Los delitos por los que está condenado Urribarri son peculado y negociaciones incompatibles con el cargo. La sentencia confirmada fue dictada, por unanimidad, el 7 de abril de 2022.