Este lunes, el gobierno nacional presentó ante la Cámara de Diputados un proyecto de ley para reducir la edad de imputabilidad de 16 a 13 años, cumpliendo con una de sus promesas de campaña.
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La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, encabezaron el anuncio del proyecto titulado "Régimen Penal Juvenil", que propone penas de hasta veinte años para menores de edad.
El proyecto establece que a partir de los 13 años, los jóvenes podrán ser sometidos a procesos penales y cumplir condenas en "establecimientos especiales" o "secciones separadas" dentro de los complejos penitenciarios. Según Bullrich, esta iniciativa busca responder a la preocupación social por el aumento de la delincuencia juvenil: "Venimos a cumplir con una obligación de nuestra sociedad, que no quiere que a sus hijos o a sus padres los maten y no quiere que quien comete un delito no tenga ninguna consecuencia”.
Mariano Cúneo Libarona agregó: “Todos los días los argentinos de bien padecemos delitos cometidos por menores que quedan impunes. No podemos permitirlo. Vamos a darle las herramientas estructurales a los jueces para que puedan encarcelar a quienes delinquen”.
Los números de la delincuencia juvenil en Argentina
La abogada Claudia Cesaroni, del Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos, calificó de "mentira" las afirmaciones del gobierno. Destacó que en Buenos Aires, en 2022, solo uno de los 131 victimarios de homicidios dolosos era menor de 16 años. En la provincia, los adolescentes representaron menos del 10% de los homicidios.
María Elena Naddeo, expresidenta del Consejo de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes y actual vicepresidenta de la APDH, coincidió en que "afortunadamente en Argentina la cantidad de adolescentes que cometen delitos graves es muy baja".
El proyecto incluye disposiciones sobre penas máximas de hasta veinte años, posibilidad de medidas alternativas después de cumplir dos tercios de la condena, y establece que los menores de 13 años, aunque no imputables, podrán ser investigados por un juez, quien podría ordenar su internación para su readaptación social en caso de riesgo de reincidencia. Además, para los condenados con posibilidad de libertad condicional, se exige la "obligación de buscar y, en lo posible, obtener un trabajo", una medida controvertida al tratarse de menores.
Esta iniciativa generó fuerte oposición de especialistas en derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil, quienes advierten que contradice la Convención de los Derechos del Niño y otras normativas internacionales.
